Etiqueta: Violencia escolar

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Una profesión de riesgo

(Sobre la actuación de la Inspección educativa en relación al caso del IES Burguillos)

Noticias en prensa:

  1. Agresión al profesor
  2. Respuesta de Delegación
  3. Agresión en el IES Azahar

Cuando un profesor es objeto de una agresión, tiene la posibilidad de exceder los límites de la administración educativa y poner una denuncia: este es el procedimiento habitual si de por medio hay un parte de lesiones.  Sin embargo, hay veces en que el agredido, por no haberse ocasionado quebranto físico, renuncia a los trámites policiales y se confía a los protocolos establecidos por la normativa escolar.

No entraremos a juzgar aquí si la actuación del profesor es más o menos afortunada desde el punto de vista jurídico. Hay ocasiones en que la víctima prefiere no añadir más leña al fuego, o considera que la sanción máxima prevista por las autoridades educativas es una medida lo bastante justa como para contentar a todos. Esa sanción supone la expulsión cautelar por un mes y el inmediato cambio de centro. No olvidemos que esos docentes han podido compartir muchas horas de aula con sus agresores, y que, en algunos casos, la valoración de las circunstancias personales del alumno atenúan la indignación que pueden sentir por haber sido atacados. Desde julio de 2021, cualquier amenaza, coacción o agresión física hacia un profesor se considera atentado contra una autoridad pública, lo que dice mucho acerca de la generosidad mostrada por el docente que no emprende acciones por la vía judicial.

En el caso del IES Burguillos, el profesor agredido confió en sus superiores: la Dirección del Instituto y el Servicio de Inspección. Hasta donde se sabe, los primeros cumplieron con su deber, mientras que los segundos faltaron a él clamorosamente. A MR, empujado y zarandeado en mitad de clase por un conflictivo y reincidente alumno de 15 años, le bastaba con saber que el muchacho no volvería a pisar su aula. Por supuesto, no sucedió así: el alumno volvió al cabo del mes de suspensión cautelar y permaneció escolarizado en el centro otros dos meses, justo hasta dos horas después de que los medios recogieran la noticia. En ese tiempo, el muchacho tuvo ocasión de provocar nuevos incidentes, jactarse ante el profesor de la inmunidad conseguida y ser expulsado un par de veces más.

En sí misma, esta situación ya es lo bastante grave. Demuestra un mal funcionamiento de la máquina administrativa, que permite dejar en un limbo legal, ¡durante un trimestre!, a un alumno al que se le ha tramitado un expediente de cambio de centro. Tal lentitud no solo perjudica la normal convivencia en el instituto, sino que menoscaba el derecho del estudiante a seguir con su formación académica en los plazos estipulados por ley.

Sin embargo, el aspecto más sorprendente de la actuación inspectora radica en el trato recibido por el profesor de Matemáticas. Si la demora en el traslado del alumno se puede explicar, mal que bien, por el esclerotizado mecanismo del gigante burocrático, más difícil resulta entender las razones que llevan a nuestra inspectora asignada a invertir la carga de la prueba y poner en entredicho la metodología del profesor MR. La Delegada de Educación puede repetir tantas veces como quiera que no existe una relación de causa y efecto entre la agresión y la fiscalización pedagógica del agredido. La realidad es bien distinta, y el plan de intervención impuesto a MR, profesor de Ciencias Aplicadas I en Formación Profesional Básica, no se fundamenta en reclamaciones previas del alumnado, ni tan siquiera en unos bajos resultados académicos, habida cuenta de que, en el momento de la intervención, ni siquiera se habían convocado las sesiones de evaluación del primer trimestre.

Muy al contrario, era sabido por todos que el clima de convivencia en 1º de FPB era, desde el inicio de curso, insostenible. De hecho, en ese primer trimestre se produjeron 16 expulsiones del centro solamente en esa clase, concentradas en 7 alumnos. Si a alguien aún le parecen pocos, suponen más del 50% del total de estudiantes en 1º de FPB. Algunas de estas faltas disciplinarias incluían amenazas, injurias y coacciones, siendo los destinatarios de tanto cariño profesores distintos de MR. Estos datos refutan los argumentos de la Administración, que, de forma artera, quieren dejan entrever algún tipo de carencia didáctica en el desempeño laboral de MR.

Lo escandaloso de este asunto es que un profesor sea golpeado y que desde la inspección no solo se omita el protocolo de asistencia psicológica y jurídica a que obliga la ley, sino que además se convierta a la víctima, por arte de birlibirloque, en presunto culpable. El claustro del IES Burguillos ha reaccionado a esta actuación con la dignidad debida, firmando de forma unánime un escrito de protesta dirigido al Servicio de Inspección. No hemos recibido más argumentos que esa desfachatada respuesta pública recogida por la prensa en boca de la Delegada. Nuestro objetivo como profesionales de la enseñanza es alertar a la opinión pública de estas medidas correctoras, cuya consecuencia fatal es la de responsabilizar al profesor de la violencia ejercida por los alumnos sobre su persona. Baste imaginar que se justificase la paliza a un médico por no emitir un diagnóstico del agrado del paciente, o que las injurias a un magistrado se disculparan por la sencilla razón de que el fallo no nos fue favorable.

Una actuación de este tipo no puede servir de precedente. Frente a la violencia, la Administración debe responder sin vacilaciones. Y no solo cuando, como en el caso del IES Azahar, la noticia llega a los medios de comunicación y a la profesora implicada ya le han partido el labio, sino en todos los casos en que se atente contra un servidor público. Solo si se atajan de raíz estos estallidos de violencia, y solo si el trabajador percibe el amparo de sus superiores, se podrá restablecer la normalidad en aquellos centros donde la enseñanza se ha convertido, por desgracia, en una profesión de riesgo.

Nacho Camino, profesor de Música del IES Burguillos desde 2004 hasta la fecha.

P.D.: desde aquí, queremos dar gracias a todos aquellos que, en las redes sociales, han mostrado su apoyo al profesor afectado y al claustro del IES Burguillos.

 

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Cubrir el expediente

Para la Junta de Andalucía, los tribunales no son el lugar idóneo en el que dirimir un pleito. Si usted es profesor y lo agreden a la salida del Instituto, su obligación es contar hasta diez antes de irle con el cuento a su Señoría. Una vez que se le haya pasado el susto, deberá poner pies en polvorosa y aguardar, con paciencia zen, la visita del Serenísimo Inspector-Lama. Éste, seráfico y aristotélico, «mediará» entre agresor y víctima con la secreta esperanza de sellar una paz sin vencedores ni vencidos. ¿No es hermoso?

Pero puede ocurrir que, además de profesor, sea usted, asimismo, ciudadano. Y que se le pase por la cabeza ejercer sus derechos y denunciar al asaltante. Es lo que hace el común: ante una agresión, interpone una denuncia. Es posible, incluso, que la juez declare al acusado como «autor de una falta contra el orden público» y lo condene a pagar una multa de 180 euros.

Si cree que esto supone una eximente en su favor, va listo. La Consejería de Educación tiene muy claro cuáles son los derechos que usted puede ejercer y cuáles no. Un profesor no es exactamente un ciudadano, sino un esforzado homúnculo que se debe a la inexorable justicia burocrática. De modo que, pocos días antes del juicio, el Dalai-Mama desciende de la flor de loto y se presenta en su Instituto para «recabar información sobre los problemas de convivencia». ¡Sobre los problemas de convivencia! Que, a la salida del trabajo, se abalancen sobre uno es, en opinión de la Consejería, un «problema de convivencia». Siendo así que el inspector le conmina a participar en un «proceso de mediación». Pero para usted el único «problema» consiste en aguardar el fallo de la juez, por lo que prefiere declinar tan generosa oferta.

Al cabo de un tiempo, se le abre a usted un expediente disciplinario por «negarse a colaborar». Pese a que no existe normativa ni legislación alguna que a tal obliguen, su actitud se considera un «incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario». Todo lo que alega la Consejería se resume en el siguiente punto:

ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES

c) Recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública.

Suponemos que entre sus «actividades» no habrán de incluirse aquéllas que no están contempladas en la ley, como es la de imponer la figura de un mediador en casos como el que nos ocupa. De lo contario, nos hallamos ante una forma contemporánea de servidumbre, que bien pudiera incluir prestaciones de taxista, ordenanza o palafrenero.

Éste es un caso real, no una viñeta distópica. Alguna vez habrá oído al Ministro, al Consejero, a toda esta turba correctísima que nos desgobierna, su intención de prestigiar la profesión docente.

Es mentira.

Todo lo que les quita el sueño es cumplir con la estadística que exige Bruselas, así sea a costa de convertir la Enseñanza en un zoco infestado, como es natural, de perfectos zoquetes. Todo lo que ocupa sus horas es hacer de la Escuela un vehículo de propaganda política, para lo cual es preciso lavar los trapos sucios en casa. Detrás de la parafernalia tecnológica y el bilingüismo spanglish no hay sino un castillo kafkiano en el que la cutrez, la zafiedad y la prepotencia conforman la tríada sagrada de los mandarines. Tan celosos de la sensibilidad y las emociones, nuestros jefes carecen de ellas cuando han de prodigárselas a sus empleados. Tan fervientes demócratas, el peso de los tribunales se les antoja una curiosa ocurrencia de Montesquieu.

Pues, a fin de cuentas, sólo se trata de cubrir el expediente.

P.S.: Desde este blog, vaya nuestro apoyo a la profesora del IES Itálica.

Sancionada una profesora que fue amenazada por un padre

La Junta de Andalucía dice que no colaboró en la mediación

Víctima de la «alta agresividad» de un padre y castigada por la Junta de Andalucía. En esta situación se encuentra una profesora de Sevilla a la que la Delegación Provincial de Educación acaba de imponer una sanción, a pesar de que la docente sufrió un grave incidente a la salida del centro, cuando un padre la abordó, se abalanzó sobre ella y, «en tono amenazante y elevado y en estado de alta agresividad», le pidió explicaciones sobre su hijo.

Por este episodio, el padre del menor fue condenado como autor de una falta contra el orden público a una multa de 180 euros.

Educación alega que la profesora, que da clases de Matemáticas en el IES Itálica del municipio de Santiponce, se negó a colaborar en la tarea de mediación de un inspector a raíz de este conflicto. Por ello, Educación le impone una sanción de «apercibimiento», por la comisión de una falta de «incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario», tipificada como leve.

«La única mediación que quería era delante de un juez y una juez de Sevilla dice que tengo razón», explicó a este diario la profesora, que prefiere mantener el anonimato.

En efecto, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla declara probado que sobre las 14.40 horas del pasado 12 de marzo, cuando la docente se disponía a salir del instituto, «fue abordada por el padre de un alumno suyo al que había sancionado, quien tras identificarse como tal, se dirigió [a ella] en tono amenazante y elevado y en estado de alta agresividad». «No te vas a volver a reír más de mi hijo, porque no te lo voy a consentir», amenazó el padre -según la sentencia-, «mientras se abalanzaba sobre ella, teniendo que buscar apoyo en otra persona del centro que se encontraba presente». La reacción del padre se debió a que la profesora había enviado a su hijo al aula de convivencia por su mal comportamiento en clase.

El juicio se celebró en mayo. Unos días antes, un inspector de Educación acudió por sorpresa al instituto para «recabar información sobre los problemas de convivencia», y dejó constancia de que la profesora «no piensa colaborar». «Yo no me niego a colaborar, pero me sacaron de mi clase y, asesorada por mi abogado, le indico al inspector que no me ha citado bien y le pregunto en qué legislación y normativa aparece» que se tenga que someter a una mediación, aclaró la profesora.

Educación admite que no hay ninguna norma que obligue al funcionario a participar en procesos de mediación. Fuentes oficiales subrayan que el apercibimiento «no tiene nada que ver» con el incidente del padre, ya que se trata de dos asuntos «completamente distintos», a pesar de que la mediación y la presencia del inspector se debió a que el padre abordó a la profesora de Matemáticas.

(Fuente: El Mundo)

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