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Ayer hablábamos de las propuestas del filósofo Marina para convertir el desastroso sistema educativo español en un paradigma de excelencia y alto rendimiento. Propuestas que navegan entre el wishful thinking y la toma de partido por las novedades más publicitadas en el mercado pedagógico.

Marina dice ser un ferviente defensor de los profesores, cosa que no ha de dudarse, puesto que él mismo era uno de ellos hasta el momento de conseguir su excedencia. Sin embargo, detecta precisamente en sus colegas la causa última por la que el sistema falla. En cada entrevista, en cada aparición televisiva, el catedrático repite hasta el hartazgo que una ley no sirve para cambiar las cosas, y que el meollo del asunto está en la calidad de quienes imparten clase. ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Verdad?

El problema es saber qué entiende Marina por calidad docente. A lo mejor su concepto del buen magisterio no concuerda con el mío, lo cual no importa mucho, porque yo no soy nadie. Pero, ¿coincidirá su dictamen con el de Rodríguez Adrados, por citar a otro eminente pensador contemporáneo? Temo que no, y que ni tan siquiera coincidan en el diagnóstico de los males que asuelan la enseñanza española. Y es que Adrados cree – como yo, modestamente, también creo – que la ley, si acaso no sirve para mejorar nada, sí es, en cambio, una herramienta poderosísima con que dinamitar todo el edificio magistral. Que es exactamente lo que ocurrió cuando la LOGSE entró en escena, quizá por las mismas fechas en que el Dr. Marina egresó de su cátedra de Secundaria. Digo quizá, porque su entrada en Wikipedia no especifica el año de tan venturoso lance.

A mí me hace sospechar el que Marina acuda a ejemplos como el de la alumna negra que no podía hablar de los artrópodos porque su vida era un infierno. Puestos a referir anécdotas apócrifas, me gusta más la de la madre, también negra (todo sucede en la Norteamérica afro, por lo que parece) que le espetó a un profesor excesivamente comprehensivo: «A mi hija le enseña usted lo mismo que al blanco. Ni más ni menos.» También me inquieta que Don José Antonio se apunte a la moda de lo útil, por cuanto que todo aquello con pocos visos de aplicación inmediata o sin ventajas laborales debidamente catalogadas habrá de ser purgado de los planes de estudio. Viniendo de un filósofo, esto asusta.

Lo peor de todo es que estas ideas van calando en el resto de la sociedad, hasta crear una especie de psicosis colectiva. Hoy, en el diario El Mundo, uno puede leer esto:

 En España ocurre como en EEUU: deciden ser profesores los alumnos más ramplones, a falta de otra ocupación mejor.

Las negritas, con perdón, no son mías. Esta sentencia la firma una tal Olga Sanmartín, quien, sin duda, estará muy contenta de pertenecer a un gremio lleno de luminarias.

Una vez más, el chivo expiatorio está dispuesto para el sacrificio. Da igual que en el cuerpo haya ingenieros, arquitectos o musicólogos. O que, en otros tiempos, hayan desempeñado esta vapuleada profesión gente como Machado, Gerardo Diego, Labordeta, Blecua, Luis Landero o los mismísimos Marina y Rodríguez Adrados. Ningún otro cuerpo de profesionales genera ya tantas sospechas como el de los profesores. Especialmente, los de Secundaria, quienes, curiosamente, y tras una licenciatura, han de pasar procesos selectivos más exigentes que los reservados a sus colegas de Primaria. Si estos no saben lo suficiente, aquellos no saben cómo enseñarlo, se nos dice. No saben enseñarlo, claro está, al modo que prescriben Marina y toda una nueva pléyade de charlatanes TED.

Lo que Marina parece ignorar es que la rebaja de nivel en los procesos de admisión corre en paralelo a la turbamulta de «expertos» que aconsejan relegar el conocimiento académico a un segundo plano, en beneficio de una serie de teorías que, coartada neurocognitiva por delante, no son más que un refrito de doctrinas sesenteras con fuerte olor a incienso. Y el mensaje no sólo cala, sino que empapa. Y los padres, los alumnos, los gurús televisivos, todos suplican que la academia entretenga a sus hijos, que los divierta hasta morir, sin percatarse de que ninguna escuela podrá hacer sombra, con sus mismas armas, a la sociedad del espectáculo. Los profesores, ciudadanos al fin, también han empezado a creérselo, hasta el punto de que cada vez serán los menos quienes piensen como Adrados. O como yo mismo, sin ir más lejos.

La escuela, ese reducto en otro tiempo impermeable a la moda, a lo contingente, a los particularismos, a la facilidad o la inmediatez de la vida cotidiana, ha elegido el camino contrario. Abrir puertas y ventanas, sí, pero sólo para oír las voces que procurarán su destrucción.

El filósofo Marina dice que, en cinco años, este mediocre sistema educativo que padecemos puede convertirse en uno de alto rendimiento. Eso significaría reducir las tasas de abandono escolar, incrementar la excelencia, subir puestos en PISA y «ayudar a los alumnos a adquirir las destrezas necesarias para integrarse en la sociedad del siglo XXI», signifique tal cosa lo que signifique.

Añade Marina que tan loables objetivos no se alcanzan mediante una ley. Sin embargo, el autor de la iniciativa Objetivo 5A apela a un ministro de educación, cuya tarea fundamental consiste precisamente en legislar. Incluso aunque los problemas se redujeran a la gestión administrativa, es lógico suponer que las soluciones serían también competencia del ministerio: bien para favorecer los cambios que predica Marina, bien para relajar el asfixiante y ridículo control burocrático a que están siendo sometidos los centros. Sobre todo, los de secundaria.

Más estupefaciente resulta que el catedrático de Bachillerato pida homogeneidad educativa en todas las comunidades de España y, al mismo tiempo, no vea imprescindible cumplir las leyes que se aprueban en la cámara parlamentaria. Justificando la negativa de algunos territorios a desarrollar la LOMCE – ley al menos tan catastrófica como sus predecesoras – se abre la puerta a que incluso los cambios propuestos por el propio Marina constituyan apenas una sugerencia que los distintos caudillos de taifas puedan admitir o rechazar a capricho.

Las soluciones de Marina, más allá de las apelaciones insistentes a la «tribu», se centran en los procesos de evaluación y en la formación de equipos directivos y docentes. Evaluación de procesos, pero nunca de resultados, a la manera del viejo progresismo logsiano. Las reválidas no le parecen pertinentes, claro está. Mejor evaluar a los profesores, faltos de la formación pedagógica necesaria. Lástima que Marina no especifique qué tipo de formación es esa, ni quiénes serán los más indicados para impartirla, aunque la mención a Sir Ken Robinson me haga temer que las cosas irán por el terreno de lo emocore y lo competencial.

Para alguien que no se cansa de señalar su condición de catedrático de Bachillerato – esa antigualla meritocrática, debidamente extirpada del sistema – resulta curioso hacer escrupulosos distingos entre sociedad del conocimiento y sociedad del aprendizaje. Como si uno fuera posible sin el otro. Quizá es que la palabra «conocimiento» establece una relación jerárquica poco adaptada a los tiempos, o que el aprendizaje perenne, nunca definido en un ámbito particular, es la mejor manera de sostener a toda una casta de formadores, coaches y vendedores de crecepelo que enarbolan – ellos sí, orgullosos – el carácter «científico» de sus teorías.

Sin embargo, Marina dice conocer a cientos de profesores maravillosos, y también equipos directivos de fábula. Me pregunto dónde habrán recibido la formación necesaria para llegar a tan brillantes desempeños. Como también me pregunto cuándo alguien se va a dar cuenta de que Primaria y Secundaria son dos mundos distintos para los cuales se requieren distintas competencias profesionales. Que los maestros no sepan Matemáticas es mucho más grave, señor Marina, que lo que usted afirma de los profesores en relación con el informe TALIS. Pues la orientación pedagógica puede ser varia, pero el conocimiento de la aritmética y la geometría es uno.

En fin, otra propuesta tibia, una más, que no menciona la posibilidad de recuperar un Bachillerato merecedor de tal nombre, que desdeña las pruebas de nivel (hasta hoy, el mejor modo de evaluar un sistema) y que, por si fuera poco, ni siquiera le pregunta al ministro:

– Oye, Íñigo, ¿a vosotros qué os pasa con la Filosofía?

En los últimos años, cualquier profesor de Enseñanza Media es consciente de la fiscalización a la que se ve sometido su trabajo. Lo percibe en las crecientes demandas de los padres, en el análisis de los, así llamados, expertos y en unos medios de comunicación que, por lo general, prestan su altavoz a los últimos gritos de la pedagogía avant-garde. Pero, sin duda, quien más hostil se muestra con los profesores es la misma Administración que los contrata. Lejos de defender sus propios procesos selectivos, las Consejerías de Educación refuerzan el mensaje de que el principal problema no reside en las deficiencias del sistema, ni tampoco en el clima moral de una sociedad que considera el estudio apenas como un trámite engorroso para obtener un título. Muy al contrario, el patrón propaga a los cuatro vientos que sus contratados son, en líneas generales, una pandilla de incompetentes.

Para que la tesis nos quede clara, los Equipos de Inspección han incrementado su celo intervencionista hasta límites que rayan en lo grotesco. Hablo por experiencia propia, pero también en nombre de muchos colegas que me han hecho llegar el relato de sus tribulaciones con nuestros muy castizos «hombres de negro». Lo que más llama la atención es que las «actuaciones» de estos equipos suelan iniciarse con una enmienda a la totalidad. La tesis vendría a ser que los profesores hacen mal su trabajo. Y digo los profesores, porque, a día de hoy, el trabajo en las Escuelas de Primaria no da la impresión de haberse puesto en tela de juicio.

No hace falta ser muy listo para apreciar la inverosimilitud de que todo un claustro pueda estar compuesto, íntegramente, por:

a) Cincuenta inútiles que han aterrizado en un aula como podrían haberlo hecho en una plantación de tabaco.

b) Cincuenta vagos, incapaces de revisar sus prácticas un curso tras otro.

c) Cincuenta sádicos, dichosos de infligir el mayor daño posible a sus alumnos.

Siendo esto evidente, debemos preguntarnos por aquello que motiva a los inspectores a juzgar de manera tan sumarísima a un nutrido grupo de profesionales. Para empezar, porque la inspección, azuzada desde las instancias políticas, actúa como una máquina de expender ideas preconcebidas. Sea como fuere el análisis del centro, las conclusiones vendrán a ser siempre las mismas, sustentadas en una serie de teorías pedagógicas que conforman una variante gremial del pensamiento único: la preponderancia de la observación directa sobre los exámenes, la valoración taumatúrgica de las nuevas tecnologías, la separación artificiosa de competencias y contenidos. Es decir, una visión parcial de lo que significan los procesos de enseñanza, y que, por lo demás, no goza del consenso científico necesario como para que sea impuesta de forma colectiva a miles de alumnos. Frente a estas ideas monolíticas, que la normativa vigente no obliga a acatar, el profesor descubre que el debate le ha sido escamoteado, y que lo que el inspector plantea como propuestas de mejora es, aunque ilegítima, una orden velada. En muchos casos,  discutir tales propuestas le acarrea al inconformista un intimidante acoso burocrático: requerimiento de papeles, documentos, programaciones, actas, y, en suma, cualquier legajo en que el adiestrado ojo censor pueda descubrir un defecto de forma. No obstante, los profesores deberían saber que el inspector no puede pedir cualquier cosa, sino sólo aquellas a las que obliga la ley. Y que, asimismo, cualquier solicitud que se le haga al docente debe realizarse por escrito y venir acompañada del pertinente fundamento legal.

Para llegar a la conclusión de que los profesores son muy malos, los equipos de inspección actúan contradiciendo los mismos principios que defienden. Así, les basta con entrar en clase un sólo día, una sola hora, para deducir la incapacidad del docente inspeccionado. Si ese día no emplea el ordenador, se dirá que es refractario a las TIC. Si ese día un alumno de quince o dieciséis años interrumpe de forma grosera la lección, se dirá que el profesor carece de la autoridad necesaria. Si ese día los alumnos no interactúan en grupo, se dirá que el profesor abomina del trabajo en equipo. Etcétera. Es decir, la misma observación directa que el profesor debe consignar a diario para calificar a sus doscientos alumnos es de la que están exentos los inspectores a la hora de evaluar el desempeño de un solo docente . Por el contrario, el inspector se sentirá inclinado a considerar como buenas prácticas educativas lo que, en otro tiempo, no eran sino meras actividades extraescolares: un huerto, una zona ajardinada, un concurso de murales, una gymkana, unas jornadas por la paz. Incluso aunque ni siquiera haya sido testigo de cómo se han desarrollado estos proyectos ni qué grado de participación han tenido los alumnos. Lo accesorio, pues, antes que lo primordial.

Detrás de esta clausura dialéctica, de esta mordaza ideológica, no hay, desde luego, un interés por lo que saben los alumnos. Eso nunca se pone en cuestión. En la reuniones con el inspector se habla, fundamentalmente, de resultados; con independencia, claro está, de que dichos resultados se ajusten a la realidad. Se habla, y mucho, de porcentajes, de tal modo que uno tiene la impresión de estar siendo reprendido por el jefe de ventas de una fábrica de inodoros. Pues lo que de verdad importa es la cantidad más que la calidad, la apariencia por encima de la esencia, la estadística triunfando sobre la singularidad. El fin de estas visitas a los centros es conseguir el mayor número de aprobados posible, y para tal fin se pondrán todos los medios, hasta los más espurios. Este es, por supuesto, un fin político.

Valga como ejemplo una de las recomendaciones oídas: si, como es cada vez más palmario, los niños apenas saben leer y escribir un texto que merezca tal nombre, lo que debe hacer el instituto es poner en suspenso la impartición de asignaturas para convertirse en un centro de alfabetización básica. El tiempo que sea necesario. Poco importa que esa no sea, en modo alguno, la función de un instituto de Enseñanza Media. Nada importa que se esté dando legitimidad a una estafa. Reducidos a esta condición de logopedas, los profesores se preguntan cuál es, entonces, el cometido de la Escuela Primaria. No hay respuesta.

En tal situación, a los claustros sólo les queda como recurso conocer bien sus derechos, saber a qué están obligados y a qué no. Y, por encima de todo, preservar una dignidad profesional que desde tantos frentes está siendo amenazada.

La cuestión es si todos somos conscientes de estar perdiéndola con cada día que pasa.

En un intervalo de apenas siete días, esto fue lo que sucedió:

Un jueves de abril vino el inspector al instituto para reprocharnos el elevado número de suspensos. Por más que los alumnos cateados exhibieran una portentosa regularidad en casi todas las materias del currículo, el inspector consideró como principales responsables del fracaso a los profesores de los jóvenes plusmarquistas. Nos conminó a elaborar un documento en el que se recogieran las causas externas e internas de tantas evaluaciones negativas (sic). Entre estas causas, por supuesto, no cabía consignar el desinterés académico de un generoso porcentaje de alumnos.

Ellos no son responsables.

El martes siguiente, en el Claustro, el Secretario nos recordó parte de nuestros deberes profesionales. Estos se resumían en tres aspectos: vigilar los atascos de los retretes, apagar los ordenadores y cerrar las puertas de las aulas. Parece ser que los conserjes y el personal de limpieza esgrimen convenios muy escrupulosos a la hora de rechazar tan plebeyas obligaciones. Esas son tareas que, como es sabido, conciernen a un licenciado en filosofía o a un arquitecto.

Nadie más es responsable.

Llegó otra vez el jueves y una representación del equipo educativo recibió a los padres de un grupo especialmente complicado de 1º de ESO, con el propósito de buscar alguna solución. Aunque lo que se trataba era un asunto disciplinario, una madre creyó encontrar la razón de todo mal en lo poco motivados que estaban sus chavales. Que debíamos hacer de la enseñanza algo divertido, dijo. No provechoso, digno, elevado o exigente. Eso no lo mencionó. Algo divertido.

Ella no es responsable.

Pocos días después, en un instituto de Barcelona, un alumno de 13 años asesinaba al profesor Abel Martínez tras clavarle un machete en el tórax. Del profesor muerto, sólo se sabe, según Irene Rigau, que está muerto, pero que no es la víctima. Tanto ella como otros altos cargos políticos han sofocado las voces de alarma apresurándose a diagnosticar un «brote psicótico» que exima de toda responsabilidad al alumno, a la escuela y a ellos mismos. Por un momento, podría pensarse que Abel Martínez había puesto en manos del chico el arma del crimen, exhortándole a liberar sus miedos. Pero no. La ballesta pertenecía al padre del alumno.

En cualquier caso, fuentes periodísticas sugieren que el instigador del crimen es Daryl Dixon, un personaje de ficción. La fantasía  morbosa de un guionista americano podría, por tanto, estar detrás de la muerte de Abel Martínez. De modo que no cabe buscar más culpables, sino «reforzar los códigos de convivencia» y, si acaso, alertar a los adolescentes de los peligros que comportan las películas de zombis. Se auguran inminentes charlas impartidas por expertos piscopedagogos. En horario escolar, claro.

Y, así, probada la inexistencia física y jurídica de Daryl Dixon y el Colectivo de Caminantes, nuestra vida puede volver a la normalidad: esa zona gris de lo rabiosamente real donde nunca hay responsables, no, pero sí un oportuno chivo expiatorio.

Mañana, a clase.

 

La muerte de Abel Martínez, por desgracia, no va a cambiar nada. Muy al contrario, contribuirá a reforzar en quienes dirigen las instituciones su inquebrantable fe en ellas. La Escuela Pública, con muchas mayúsculas, mucha convivencia y hordas de individuos sobradamente preparados. Hoy, dos días después del asesinato de un profesor, el suceso del IES Joan Fuster ya es casi una nota a pie de página.

El hecho aislado.

Para Irene Rigau, de profesión Consejera, sólo hay una víctima; que no es, como pudiera pensarse, el muerto, sino el victimario. La lógica política se despliega al revés que la del ciudadano medio, haciendo del lenguaje una bola de plastilina propagandística. Conviene, a lo que se ve, convertir la tragedia en un mero accidente, el crimen en una veleidad del caprichoso destino. Pero, sobre todo, lo que conviene es mantener al contribuyente en la inopia.

Decir que el primer asesinato de un profesor en un centro de estudios constituye un hecho aislado es no decir nada. Una tautología. También lo de Lubitz fue un hecho aislado y algunos querían cerrar Lufthansa. La perversidad radica en hacernos creer que, por lo demás, y dejando a un lado el inoportuno brote psicótico de este muchacho, la escuela es un «marco de convivencia pacífica» y todas esas chorradas. De hecho, la mayor perversidad consiste en situar la simple convivencia como la aspiración máxima de una institución escolar, cuando debería ser el conocimiento. Convivir es una circunstancia inseparable de cualquier actividad humana que se realiza en grupo. Conocer, y muy especialmente conocer aquello que merece la pena, es algo para lo que se requiere más que la prolongación atónita de las constantes vitales.

La Escuela Pública, con mayúsculas de Consejería, ha contribuido eficazmente a convertir muchos institutos en lugares de confinamiento, donde los alumnos que quieren aprender y los profesores que quieren enseñar están a merced de aquellos que preferirían, y acaso merecieran, largarse con viento en popa. Y si cada día no hay crímenes es porque, al fin y al cabo, una escuela no es el frente de Libia. Pero sí es, en no pocos casos, un establecimiento donde la degradación de la dichosa convivencia y el desprecio por el vapuleado saber hacen manitas.

Todos hemos participado en la consolidación de este clima de mediocridad rampante, desde la cúpula hasta la confortable cueva del nido familiar, pasando, claro está, por unos profesores que son la encarnación perfecta del concepto de servidumbre voluntaria. Ahora sólo nos queda aceptar el primer asesinato de un profesor en la historia de la Escuela Pública, con mayúsculas de Gran Estafa, como lo que es: un hecho aislado.

Y para hechos de esta naturaleza no hay crespones negros, ni lacitos de colores. Ni días de. Como mucho, un informe psiquiátrico que explique la excepcionalidad del monstruo.