LOMCE: Segundo asalto

El flamante borrador de la LOMCE va despejando algunas dudas acerca de los objetivos de la nueva ley, al mismo tiempo que alimenta otras, como si con cada revisión del articulado brotara un nuevo pólipo de indeterminaciones. Parece obvio que hasta su redacción definitiva no alcanzaremos a calibrar la auténtica dimensión de este texto, pero, entretanto, podemos hacernos una idea aproximada tanto de sus puntos fuertes como de sus debilidades.

En primer lugar, conviene que todo el mundo lea el borrador por sí mismo, sin atender a los infamantes calificativos que los sindicatos mayoritarios, la CEAPA y los medios afines le prodigan. Tampoco es aconsejable dejarse llevar por el entusiasmo de sus valedores, lo que podría conducirnos a la falsa creencia de que esta nueva ley supone un giro copernicano y el anticipo de algo así como una tierra promisoria educativa.

En realidad, la LOMCE tiene todo el aspecto de una criatura híbrida, un mutante que, conservando algunos rasgos fisionómicos de sus predecesoras, despliega formas orgánicas radicalmente distintas. Por el momento, es de agradecer la omisión de la jerga coeducadora, que, como la cópula y los espejos borgianos, sólo contribuía a la proliferación monstruosa de los seres. Adiós a los “alumnos y alumnas”.

Para quienes hemos reclamado un cambio sustancial en el modelo de enseñanza, sin embargo, el texto resulta insuficiente, medroso y más políticamente correcto de lo que hubiéramos apetecido. Da la sensación de que haya sido compuesto a cuatro manos, en una especie de confrontación dialéctica entre la vieja comprensividad logsiana y el espíritu selectivo del nuevo legislador. Una solución de compromiso. La aspiración de recuperar un Bachillerato fuerte de cuatro cursos queda, así, olvidada en el archivo de los expedientes imaginarios. Del mismo modo, el esquema de la ESO permanece, en su esencia, inalterable. Tampoco se abandona el discurso de las famosas “competencias básicas”, ese invento comunitario que se ha querido utilizar como excusa perfecta para rebajar los niveles exigidos en la etapa secundaria. De hecho, se insiste aún más en ellas, añadiendo una Disposición Adicional para cuadrar el círculo de su integración en el currículo.

Por supuesto, los instrumentos del sistema permanecen inalterables, empezando por el Consejo Escolar del Estado: sindicatos, AMPAS y “expertos” que suelen compartir el factor común de su inexistente experiencia en las aulas. Otros residuos del antiguo régimen son las inútiles evaluaciones de diagnóstico, que se conservan aun a pesar de la implantación de los exámenes nacionales, así como la matraca de la (falsa) autonomía pedagógica: una autonomía que es, en realidad, privilegio exclusivo del Director, concebido éste como líder pedagógico y contratador discrecional. En virtud de la nueva ley, los directores podrán establecer requisitos específicos para funcionarios e interinos, pudiendo rechazar las incorporaciones asignadas en la bolsa de trabajo. Asimismo, estarán facultados para promover el nombramiento de profesores adscritos a sus proyectos pedagógicos, dizque de calidad. Esto, que ya existe en algunos Reglamentos autonómicos, pretende hacer pasar por libertad e independencia lo que no es otra cosa que una invitación al nepotismo y la arbitrariedad. Resulta escandaloso que las veleidades de un director puedan estar por encima de los criterios de acceso a la función pública. O se liberaliza el sector, o los profesores serán rehenes de unos jefes plenipotenciarios, investidos de poder tanto para intervenir en sus métodos pedagógicos como en sus condiciones laborales.

En el haber de la ley, cabe señalar un mayor interés por la “excelencia”, una cierta voluntad por alejarse del talante mesocrático de la LOE. En este sentido, las evaluaciones externas constituyen uno de los puntos fuertes recogidos en el borrador. Sorprende, no obstante, que la evaluación al final de la etapa Primaria no tenga “efectos académicos” y se limite a la consignación del resultado en un informe orientador. Resulta difícil justificar que el esfuerzo organizativo y económico que requieren tales evaluaciones merezca la pena si no va acompañado de consecuencias objetivas. Una vez más, la etapa Primaria queda exenta de responsabilidad alguna en el devenir académico de los alumnos, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que el lobby sindical está compuesto en su mayoría por miembros del cuerpo de Maestros. Este brindis al sol no solucionará el problema de un Primer Ciclo de Secundaria en el que se acumula un gran número de alumnos que, precisamente, no han superado las competencias más elementales: leer y escribir.

La LOMCE asegura que tiene un remedio para este mal. Lo que antes era “Diversificación curricular”, pasa a llamarse “Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar”. Habrá que ver en qué consiste, y, sobre todo, si estos alumnos tendrán su aula y currículo propio o seguiremos en la imposible comprensividad de los últimos tiempos. No parece, en cambio, que se aporte solución alguna para aquellos estudiantes cuyo problema no es que deban mejorar el aprendizaje, sino que renuncian voluntariamente al mismo. Tanto si repiten como si se favorecen de la promoción automática, seguirán siendo una fuente de conflictos para cuya resolución nadie ha aportado más que ideas roussonianas sobre la bondad innata del ser humano y el olor inefable de las nubes. Igualmente, se nos antoja tardía la edad de quince años para iniciar los cursos de FP Básica, sustituto de los actuales PCPI. Todo apunta a que la enseñanza en el Primer Ciclo seguirá siendo tan desalentadora como lo es en la actualidad.

La existencia del examen final en 4º de ESO es positiva, sin duda, tanto en su vertiente orientada a la FP como al Bachillerato, siendo así que existe la suficiente flexibilidad normativa como para presentarse a cualquiera de las dos pruebas, independientemente de la modalidad que el alumno haya cursado. Sin embargo, si se insiste en ignorar los cimientos, esa prueba puede ser un obstáculo insalvable para algunos. Es crucial que el ingreso en el Primer Ciclo de Secundaria sólo se haga efectivo en el caso de que el alumno tenga la base suficiente como continuar en el itinerario académico. Lo contrario es condenarle a un tedio y una humillación permanentes. A menos, claro está, que se habilite una senda alternativa para aquellos estudiantes cuya esperanza de promoción es prácticamente nula. Si esto no se lleva a cabo, la Secundaria continuará siendo tan deficiente como hasta ahora, con el agravante de que los alumnos no sólo tendrán que superar los cursos, sino una prueba nacional. Hagamos notar que, con la LOMCE, seguirá siendo posible promocionar con hasta tres asignaturas suspensas, lo que no dice mucho en favor de la “excelencia” pregonada en la introducción del borrador. Ojo con esto.

Otro aspecto positivo es la diferenciación nítida entre itinerarios académicos y profesionales, lo que acaba con el absurdo de que los egresados del PCPI – con una formación elementalísima – pudieran acceder a cualquier modalidad de Bachillerato (se han dado casos). Con la nueva ley, la FP Básica otorga un título de Técnico Profesional, cualificación pobre, sin duda, pero que el alumno puede mejorar si supera las pruebas de acceso a un ciclo profesional de grado medio.

Por otro lado, los temores acerca de un plan de estudios antihumanístico y antiartístico se disipan. No desaparecen las artes plásticas, como algunos temían. De hecho, podría decirse que ocupan una posición de privilegio, ganando aún más terreno a la Música, la hermana pobre de las disciplinas artísticas. La Educación para la Ciudadanía se reducirá a un curso, en 2º de ESO, y es de suponer que desaparecerán asignaturas tan vacías de contenido como “Cambios sociales y género”. La Religión concebida como catequesis, permanece, claro está, en el currículo, obligando a ofertar una, así llamada, “Alternativa” completamente inútil.

Quedan en el aire muchos asuntos, como el modo en que se va a ofertar el bilingüismo, tremenda patraña auspiciada por el anterior Gobierno, y que éste parece dispuesto a continuar, esperemos que con unos criterios de selección y de calidad más elevados. O el doloroso caso de la inmersión lingüística en las comunidades con lengua propia, cuyo resultado es que la lengua sumergida en las profundidades de la ignominia acaba siendo la española. Por no hablar de la adscripción territorial de las escuelas y la libre elección de centro.

Está claro que falta mucho aún para dar un diagnóstico definitivo, aunque todo apunta a que la LOMCE, siendo una ley decepcionante por su alicorta ambición, mejora en intenciones y objetivos a la LOE. Si por un lado mantiene casi intacta la estructura previa, la incorporación de exámenes externos puede contribuir a que aquella no se desplome del todo. Lástima que los legisladores no hayan podido sustraerse al ethos falsamente progresista que ha arruinado la escuela, pues, en ese caso, habríamos disfrutado de una ley compacta y coherente, en lugar de este Frankenstein que no sabe si quiere ser Finlandia o Alemania.

Dicho lo cual, las acusaciones que desde algunos foros se lanzan tachando a este borrador de excrecencia neofranquista y reaccionaria son totalmente infundadas y deben de responder a otros intereses distintos de los puramente educativos. Decir que la calidad se resentirá por la entrada en vigor de esta ley es vivir en un mundo paralelo, ajeno por completo a la realidad. De la misma manera, pretender que la demanda de excelencia constituye un rasgo diferencial de la derecha, diría muy poco de los valores que la izquierda asegura defender. Se dice que la LOMCE excluye, cuando tenemos un porcentaje de paro juvenil del 50%. Se dice que la LOMCE segrega, cuando los programas bilingües promovidos por la LOE propician la separación de alumnos por niveles. Se dice que la LOMCE adoctrina, pero la Religión ya estaba inscrita en los planes anteriores y las asignaturas de corte ideológico eran más y repartidas en más cursos.

Se dicen tantas cosas que es mejor cerrar la ventana y sacar conclusiones uno mismo.

Estaremos atentos a futuros borradores.