La criatura ya tiene nombre: LOMCE. No es particularmente eufónico, sobre todo si se compara con sus precedentes socialistas. LOGSE, en boca de acólito, tenía un retrogusto goloso, su puntito de momentánea asfixia al alcanzar la suspensión de los sentidos. Bien es cierto que los discrepantes convertíamos su cadencia en un sonoro gargajo, como para acentuar el profundo desprecio que nos provocaba. La LOE, por su parte, vino a zanjar la dicotomía fonética, de modo que unos y otros mascullábamos esta cosita grácil, leve y alada, como quien se arranca por Rubén Darío.
LOMCE suena, en cambio, a loncha pancetera, a tasca mesetaria que abomina de exquisiteces y opta por la grasa y el tocino allí donde otros convidarían a foie du canard. La nueva ley apunta hacia una LOCE entradita en carnes, hermosa y satisfecha de que la mayoría absoluta prefiera unos buenos huevos con chorizo a las famélicas tapas de los gastrobares posmodernos.
Más allá de las siglas, lo cierto es que la LOMCE es, todavía, poco más que un embrión. Queda por ver si muchas de las cosas que se apuntan en el anteproyecto nutrirán de veras al sistema o permanecerán en el limbo de los buenos propósitos. La mayoría han sido demandadas en esta y otras bitácoras resistentes: itinerarios tempranos, evaluaciones externas, transparencia del sistema, rendición de cuentas y hasta una bien entendida autonomía para que cada centro pueda potenciar sus fortalezas. En especial, las dos primeras son de suma importancia. El itinerario único hasta los dieciséis años ha demostrado su inoperancia, además de constituir una fuente de problemas disciplinares. El objetivo debe ser acabar con el monumental embudo del primer ciclo de la ESO, donde alumnos de entre 12 y 16 años convivían hasta ahora en un pandemonium de intereses y actitudes completamente dispares. Si ese período crítico persiste, el sistema volverá a chirriar precisamente en lo que son sus goznes. La propuesta del gobierno, en este sentido, no parece muy definida. Por un lado, establece una evaluación externa al final de la Primaria, lo cual es bueno. Por otro, concede el paso al instituto tras una sola repetición, fiando el progreso del alumno a unas “medidas de refuerzo” de improbable eficacia.
Las evaluaciones externas al final de cada etapa son una buena noticia, aunque conllevan un peligro teleológico: que el fin último de la escuela consista en superar los estándares fijados en los exámenes nacionales. Habrá que ser muy cuidadoso en la confección de las pruebas y procurar que todas las asignaturas del programa contribuyan a la formación humanística y científica del alumno. Este riesgo es aún mayor si se mantiene un bachillerato de sólo dos años, el más corto de Europa.
También será interesante comprobar cómo se maneja el espinoso asunto de los directores profesionales. Siendo necesarios, sería un error acumular en una sola figura un poder excesivo, sobre todo si traspasa los límites de la libertad de cátedra. La profesionalización debe estar fundada en el conocimiento claro de las atribuciones propias y la absoluta desvinculación política de los cargos directivos.
Poco más se puede decir, excepto que el PP sigue siendo el más radical de entre los tibios. Su proyecto, en principio, debería mejorar lo que tenemos, pero adolece de personalidad. Demasiadas soluciones de compromiso y, lo peor de todo, un lenguaje tan neutro y quirúrgico como un informe del FMI. Leyéndolo, uno tiene la sensación de que lo ha redactado el Ministro de Economía, con sus inputs y outputs incluidos. Bien está que se quiera garantizar un buen servicio a los ciudadanos, pero un cierto aliento humanístico es tan consustancial a la escuela como los gráficos lo son a las finanzas. La eficiencia, en este terreno, no se mide sólo en cifras, sino que debe estar respaldada por una concepción filosófica.
Quizá porque el discurso no está claro, el PP ha abierto su correo electrónico a las propuestas de los contribuyentes. Como era de esperar, lo que han obtenido es un cajón de sastre donde caben planteamientos experimentales, ideas conservadoras y todo lo que pueda imaginarse entre ambos polos. Esta variedad en la demanda nos hace pensar que no está lejos el día en que el Estado deba ceder muchas de sus competencias monopolísticas a la sociedad civil, también en asuntos educativos. Resulta curioso que el cheque escolar figure como una de esas posibilidades, no sólo en el buzón de sugerencias pepero, sino también en el programa de partidos como UPyD. Es posible que estemos avanzando hacia un nuevo paradigma, uno en el que todos los métodos y visiones de la enseñanza puedan entrar en libre competencia y ganarse el favor o el descrédito de los ciudadanos.
Mientras tanto, desconfíen de las voces que tildarán a este borrador de panfleto fascistoide y elitista. Son las mismas que antes se ocluían en una g sabrosa, pletórica de gusto.
Nunca hemos tenido mejor escuela que la actual. Lo que ocurre es que no es suficientemente buena.
Así de marmóreo sentencia José Antonio Marina en su tribuna de El Mundo, a propósito del anteproyecto de ley que ha presentado el Partido Popular. La LOGSE y la LOE, pese a las evidencias estadísticas y la percepción de quienes llevan muchos años en el gremio, es lo mejor que nos ha pasado. Necesita mejorar, sí, pero progresa adecuadamente.
¿Qué tan bueno tienen estas leyes? Don José Antonio no lo aclara, aunque sí se permite motejar de calumniosos e ignorantes a quienes no somos de la misma opinión. “Cánticos nostálgicos” es como llama el filósofo a la salmodia de quienes no coinciden con su razonado diagnóstico. También dice que los debates sobre educación se hacen “sin datos, con pocos datos, o interpretando sesgadamente los datos”, lo que nos conduce a pensar que él lo hace con objetividad forense y plétora de referencias. Lástima que en el artículo no se mencione ninguna.
Pese a que el texto es una llamada al consenso y la mesura, Marina no se aplica el cuento. Para él, la LOGSE y la LOE mejoran lo anterior por el mero hecho de que los índices de escolaridad son más elevados, lo cual que estaría bien si no fuera porque ese mérito cabe achacárselo a la LGE de 1970. Ley que, sin duda, era mucho mejor que las que, por desgracia, la sucedieron:
Evolución de la Tasa Neta de Escolarización a los 15 años (1999-2009)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tasa Neta de Escolarización
93,9
97,4
97,5
97,6
97,5
98,9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tasa Neta de Escolarización
98,4
97,5
98,0
100,2
99,7
—
Fuente: INE. Estimaciones de la población actual y estimaciones intercensales; y Ministerio de Educación. Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. Varios años. Los datos corresponden a las enseñanzas de régimen general.
Fuente: IFIE.
Así que Don José Antonio tendrá que buscar mejores argumentos para calificar el sistema educativo actual de modo tan generoso. Porque si la cuestión cuantitativa no fue mérito de las leyes socialistas, en lo cualitativo supusieron un freno a una mejora ininterrumpida durante cincuenta años:
Fuente: IFIE
Como ven, el progreso se detiene – e, incluso, se convierte en retroceso – precisamente en la franja de edad de aquellos que cursaron sus estudios al amparo, es un decir, de la LOGSE. En el blog del IFIE podrá el lector encontrar gráficas y estadísticas que desmienten la tesis mariana de que éste sea el mejor sistema conocido. Ni lo es en titulados ni lo es en nivel de conocimientos. Y la universalidad, ay, ya estaba conseguida un ratito antes de que los Marchesi Boys pusieran sus zarpas comprensivas en la escuela.
En su artículo, el señor Marina adelanta que después del verano – largo nos lo fiáis – suministrará las claves de lo que debería ser una reforma educativa sensata. Como piedra basal, el filósofo propone un pacto que involucre a la sociedad entera: “un pacto ilustrado, sabio, informado, argumentado”. Pues esa primera piedra ya está puesta. Cualquier cosa que se nos ocurra –informada, argumentada, docta y sabia – podemos enviarla a esta dirección ministerial: calidadeducacion@mecd.es.
¿Qué? ¿Empezamos ya, o después de acabarnos el mojito?
Trabajo por dinero, es un hecho. Por más que algunos amigos intuyan en mí una loable vocación misionera, lo cierto es que me gusta ver recompensada mi obra con una buena inyección de pasta. Ya ven: soy un tipo de lo más extravagante. Y, por lo que se ve, comparto esta rareza con los fontaneros y los ebanistas, dos de cuyos más reputados expertos me han sugerido esta mañana que, si no tengo viruta, arregle las cañerías y me fabrique yo mismo los muebles. Después de apelar a su inclinación filantrópica, uno y otro me han colgado el teléfono.
Mis amigos dicen que no es lo mismo. Que yo soy un profesor de la escuela pública, no un fontanero o un ebanista. Y, además, funcionario. Que, siguiendo con la jerga apostólica, debería hacer un sacrificio y admitir sin mayores críticas otro recorte en el sueldo. Que, en los tiempos que corren, hay que ser solidario. Y aquí paz y después gloria.
Estoy convencido, claro está, de que mis amigos lo dicen de corazón. Creen que recortándome el salario se está contribuyendo a una causa noble, como es la de salir de la crisis. Hasta yo mismo me lo creí, la primera vez que nos anduvieron tocando la nominilla. Todo sea por la patria, pensé. En justa correspondencia, supuse que otras partidas de la cosa pública sufrirían idéntica y solidaria merma.
Pero no fue así. El monstruo administrativo, donde caben las agencias más inverosímiles y los cien mil sobrinos de San Luis, prosigue indemne y robusto. La sangre que lo mantiene en pie es la misma que se sustrae cada día a los ciudadanos, incluidos los servidores civiles a los que nadie regaló su plaza. Si se baja el sueldo de los profesores es sólo para mantener intacta la red clientelar que se ha tejido con el dinero de los contribuyentes, para seguir fomentando el nepotismo, la arbitrariedad y el compadreo. Eso no mejorará en nada la enseñanza, sino todo lo contrario: seguirá alimentando los mismos vicios que la corrompen.
Trabajo por dinero, vaya que sí. Hasta el divino Bach cobraba sus honorarios por concebir una música sublime en su puesto laboral de Leipzig. ¿Cómo no hacerlo yo, un insecto prosaico sin aspiraciones metafísicas? Lo que mis amigos no ven es que lo único que está menguando es la cartera de los ciudadanos, con el fin de preservar el chiringuito autonómico que una casta ha diseñado para su propio beneficio.
Y uno de esos chiringuitos es, precisamente, el del sistema educativo: un aparato tan clientelar como cualquier otro, en el que “mérito” y “transparencia” se han convertido en palabras proscritas. Cuando se le baja el sueldo a un profesor, mientras se conservan planes y proyectos estúpidos e improductivos, se le está enviando el mensaje de que su contribución es la más prescindible de todas. Se le está diciendo que es preferible apuntalar un caserón en ruinas que considerar la creación de un nuevo edificio.
Ese dinero que me van a quitar – y que yo, codicioso, echaré de menos – no va a servir para que los hijos de mis amigos reciban la enseñanza que sin duda merecen. Antes al contrario, irá a parar a los bolsillos de quienes alimentan el desastre. Primos, amiguetes, compañeros y demás conmilitones de la alegre mamandurria.
Y esos, creedme, no van a enseñarles nada a vuestros hijos. Excepto, quizás, a decir:
Hace dos años, publicamos en esta bitácora cuatro artículos en los que se desmenuzaba la filosofía pedagógica de las Comunidades de Aprendizaje. Recientemente, y como ya vaticinábamos aquí, la Consejería andaluza ha redactado una Orden que fomenta la adopción de este modelo por los colegios e institutos andaluces. He considerado oportuno rescatar y fundir aquellos cuatro artículos para que los profesores no avisados sepan cuáles son los principios que rigen este tipo de escuelas. Si a usted no le gustó la LOGSE y le horrorizó la LOE, prepárese para vivir una experiencia terrorífica: las Comunidades de Aprendizaje.
Próximamente, en los mejores cines.
I
El mejor de los mundos posibles aún está por llegar. Todo lo conocido hasta el momento pertenece al campo de la “superstición”, a juicio de los autores de Comunidades de aprendizaje[1], Ramón Flecha y Rosa Larena. Por descontado, las experiencias pedagógicas que ellos importan de Estados Unidos gozan del refrendo de una base “científica”. A diferencia del Ideario Logsiano, que es un Procrusto reductor, las Comunidades prefieren hacer justicia a la etimología clásica y prometen aumentar el éxito de todos los alumnos. No se declaran partidarios de la adaptación a la diversidad, pues, a su juicio, asume las desigualdades y contribuye a perpetuar la exclusión social. Aunque aún son pocos los centros que en España incorporan esta filosofía educativa, sus ideas son objeto de estudio en los CEPS y empiezan a calar en el solidario sentir de las Administraciones.[2]
Tales comunidades constituyen un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje dialógico, la intersubjetividad, la inteligencia cultural y el principio de igualdad de diferencias, entre otras cosas. Sus propios defensores, quizá curándose en salud, describen esta realidad educativa como “utópica y posible”, lo que siempre es mucho más reconfortante para el espíritu que elaborar propuestas realistas y posibles. Su principal objetivo es, en apariencia, inatacable:
“La obtención de unos resultados académicos que posibiliten la inclusión con éxito a todas las personas, en los ámbitos sociales y laborales.”
Esto es lo que Robert Slavin llama Success for all y que los autores traducen por “Éxito para todas y todos”, felizmente conscientes de los usos segregacionistas del lenguaje. La equidad debe alcanzarse, pues, no sólo a costa de la gramática, sino también por la homogeneidad de los resultados académicos. Sólo de este modo se salvarán las desigualdades que son fruto del contexto sociocultural de los alumnos. Para lograr estos fines hay que “poner el énfasis en capacidades universales como el diálogo, y en la posibilidad de un aprendizaje intersubjetivo mediante la aportación de diferentes conocimientos en un plano de igualdad”. Se nos recuerda así que el profesor, educador, facilitador, o como quiera que se le designe, es sólo una más de las voces que interactúan en el espacio dialógico. El plano de igualdad está presente en muchos párrafos del libro como condición indispensable para ostentar carácter democrático y transformar el mundo. Con el fin de justificar estas tesis se invoca la autoridad de filósofos y pedagogos como Paulo Freire, Jürgen Habermas y Lev Vigotsky[3]. Del filósofo alemán se toman prestados los conceptos de racionalidad comunicativa y ética de la discusión. La base de esta ética puede resumirse en los siguientes puntos:
Ninguna norma puede permanecer al margen del debate, sin ser sometida a crítica.
La discusión debe tener carácter público.
Es deseable que se reúna el mayor número de interlocutores posible.
Los participantes en el debate deben ser iguales [4] y libres. No deben existir relaciones de autoridad, de dominación o coerción.
Principio de argumentación: toda afirmación es discutible.
Principio de consenso: Las decisiones y acciones justificadas son aquéllas fruto del entendimiento y el acuerdo argumentado.
Principio de revisabilidad: Cualquier acuerdo es cuestionable si aparecen nuevos argumentos.
Aplicado a la enseñanza, este diálogo ha de buscar el consenso del grupo y favorecer la comprensión de los diferentes saberes a partir de aquellos argumentos que demuestren una validez provisional. Sólo así, aseguran Flecha y Larena, podrán superarse “las relaciones de poder y los cambios definidos exclusivamente desde el colectivo experto en educación”. Siendo así que no tiene sentido hablar de tal colectivo de expertos a la hora de referirse a los profesores que deben coordinar el proceso de aprendizaje. Aquí radica, en nuestra opinión, el principal problema. Se toma de Habermas la condición necesaria de que los participantes en el debate sean iguales, así como de que estén excluidas cualesquiera relaciones de autoridad y dominio. De aquí, los autores deducen que tampoco debe existir una relación semejante entre profesores y alumnos. Nos parece que los autores confunden, y no son los únicos, autoridad con autoritarismo. Contrariamente a lo que ellos declaran, autoridad y democracia no sólo son compatibles, sino que necesitan una de la otra para subsistir. Si la autoridad carece de sustento legítimo, se convierte en poder arbitrario. De modo recíproco, la democracia no se sostiene sin el apoyo de aquellas instituciones cuya autoridad “emerge de una investidura espontánea y recaba sus fuerzas del reconocimiento”[5]. La diferencia entre poder y autoridad consiste en que esta última es respetada, reconocida y legítima. Tras años de aniquilación del sistema educativo, los profesores ya han perdido, en muchos casos, el respeto de los alumnos y el reconocimiento de las familias. Ahora se trata de poner en duda la licitud, no sólo de las materias que enseñan, sino también del propio cometido de enseñar. Los profesores son, por tanto, sospechosos de “imponer” un determinado tipo de saberes “de forma estratégica”[6]. Hacia qué fines puedan estar dirigidas tales argucias de la razón es algo que no queda muy claro.
La ética habermasiana, que acertadamente critica las actitudes sectarias y fundamentalistas, predispone al fracaso si se inyecta en las escuelas con un rigorismo parejo al que esa misma ética se opone. Otra objeción que puede hacerse a esta república igualitaria es que, si se trata de confrontar ideas, parece probable que una persona adulta e instruida (el profesor) esgrima siempre las más convincentes, con lo que el debate plural no sólo se descubre una utopía, sino también una falacia. Para que exista un debate digno de tal nombre, debe darse la circunstancia de que todos los individuos implicados en el grupo estén en condiciones de argumentar. Como todo argumento supone un discurso que refiere a unos contenidos concretos, es necesario manejar éstos para elaborar aquél. Dado que una de las finalidades de argumentar es dirigirse al entendimiento, conviene, si se persigue una mayor claridad expositiva, haberse ejercitado en la elocuencia. Por último, el discurso se desarrolla con el propósito de persuadir, finalidad inalcanzable para quien pretenda saltarse los anteriores pasos. Convencer a un grupo de menores de la absoluta paridad que mantienen con el adulto encargado de su instrucción no parece el mejor modo de que aquéllos valoren los beneficios del aprendizaje…
[1] Ramón Flecha y Rosa Larena, Comunidades de aprendizaje, Fundación ECOEM, Sevilla, 2008.
[2] La mismísima LOE se prologa con inflamados propósitos de enmienda: “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades.” Obsérvese el ya comentado matiz que separa a loesianos y comunitaristas. Éstos habrían colocado el punto final después de “emocionales”. Por lo demás, buena parte de los materiales educativos que premian y subvencionan las administraciones comparten muchos de sus presupuestos, como lo demuestra el ejemplar de Andalucía Educativa dedicado al Aprendizaje Cooperativo en octubre de 2006.
[3] Los comunitarios, como veremos, descreen de las voces autorizadas y del pensamiento científico, lo que no quita para que aleguen la validez científica de sus tesis y las defiendan con los argumentos de prestigiosos intelectuales.
[4] Nadie diría que esto entraña peligro alguno. Sin embargo, la trampa está en ese “iguales” aplicado a una institución, la escuela, en la que unos tienen como misión enseñar aquello que otros deben esforzarse por aprender.
[6] Ramón Flecha y Rosa Larena, Comunidades de aprendizaje, Fundación ECOEM, Sevilla, 2008.
II
Volviendo a Habermas, no cabe duda de que, en el mundo en que vivimos, el dogma y el antiguo principio de autoridad han sido felizmente destronados para dejar sitio a lo que el filósofo alemán llama “pluralismo epistémico”:
“Esta multiplicidad de perspectivas interpretativas es la razón por la cual el significado del principio de universalización no queda suficientemente agotado por ninguna reflexión monológica a partir de la cual las máximas serían aceptables, desde mi punto de vista, como ley general. Sólo como participantes en un diálogo inclusivo y orientado hacia el consenso se requiere de nosotros que ejerzamos la virtud cognitiva de la empatía hacia las diferencias con los otros en la percepción de una situación común. Se supone que debemos interesarnos por cómo procedería cada uno de los demás participantes, desde su propia perspectiva, para la universalización de todos los intereses implicados.”[1]
¿Debe esto asumirse como un planteamiento furiosamente relativista? En su charla con el filósofo Alain Renaut, éste pregunta a Habermas si el paradigma dialógico e intersubjetivo no habría de sustentarse sobre la base de la subjetividad y la conciencia, es decir, sobre una previa reflexión monológica. El profesor Renaut duda de que una decisión tomada como resultado de un debate pueda ser percibida como legítima por el sujeto si éste no la acepta y reconoce como tal. La respuesta de Habermas es tan prolija y lúcida como cabe esperar de su inteligencia, pero es de destacar, para el tema que nos ocupa, el siguiente párrafo:
“Por supuesto, la autoconciencia y la capacidad de adoptar una actitud reflexiva hacia las propias creencias, los deseos, las orientaciones axiológicas y los principios, incluso el propio proyecto vital en conjunto, son requisitos necesarios para el discurso práctico.”
Tales requisitos constituyen precisamente una de las principales razones por las que existe la escuela; pues en ellas se trata de preparar a los individuos para que, llegado el momento, puedan intervenir en el discurso práctico con las mejores garantías. Las llamadas Comunidades de Aprendizajese limitan a ofrecer un sugestivo marco de dialogante democracia que no delimita sino un discurso vacío. Cómo hacer fructífero ese diálogo sin instrucción preliminar es la pregunta que, más allá de sus buenas intenciones, jamás responden los partidarios del modelo. Como tampoco responden en qué medida la apuesta por dicho modelo repara las desigualdades socioculturales que detectan en el seno de la institución docente. Más bien se contribuye a extender esas desigualdades privando a los más desfavorecidos de las condiciones imprescindibles para integrarse en la comunidad real que les aguarda tras su paso por el instituto. Claro que las prioridades de Flecha y Larena van por otros derroteros. La escuela, aseguran, no debe basarse exclusivamente en preparar para un mundo laboral competitivo. Conforme. De hecho, la escuela no adopta exclusivamente esa pragmática perspectiva; más que nada, por la dificultad de otear tantísimos horizontes profesionales posibles. Algo que, a juicio de los autores, la escuela sí debería ser:
“…coeducadora y participativa para que permita y fomente el desarrollo de currículums donde la educación afectivo-sexual progresista sea una prioridad insoslayable (Gómez: 2004).”[2]
Ojo: la progresista. Prioridad. Insoslayable. No sé cuáles puedan ser los caireles de la rima sexual progre, pero mucho me temo que aquí no se andarán los padrinos comunitarios con zarandajas dialógicas e intersubjetivas.
La cuestión es que la política del consenso se aviene mal con las instituciones docentes. No todo lo que se demuestra razonable en un foro de personas adultas puede trasladarse con éxito al delicado microcosmos de una escuela primaria. Ciertamente, hay puntos que resultan innegociables cuando se habla de menores. ¿O es que los padres deben renunciar a su autoridad y pactar acuerdos sobre todos y cada uno de los asuntos que conciernen a la convivencia doméstica? Aunque así se lo propongan, habrá un punto en que deban establecerse límites, semejantes a los que la sociedad impone. Ya vemos que los propios partidarios del igualitarismo no cuestionan cómo haya de ser la educación sexual de los jóvenes, con lo que caen en el supuesto error que denuncian. Tampoco parecen muy inclinados al arreglo dialéctico cuando afirman:
“La obtención de unos resultados académicos que posibiliten la inclusión con éxito a todas las personas, en los ámbitos sociales y laborales, es una meta todavía sin alcanzar. En esto tiene mucho que ver la implementación de planteamientos, legislaciones, investigaciones y prácticas más conectadas con la superstición que con la ciencia.”
Tiene gracia que los campeones del diálogo igualitario arrimen el ascua del refrendo científico a su sardina pedagógica, al mismo tiempo que condenan a la hoguera nigromante cualquier propuesta alternativa. Digo que tiene gracia porque en el citado opúsculo se explica que uno de los pasos del proceso transformativo es la “fase del sueño”, en la que:
“… se favorece la comunicación igualitaria hacia la acción coordinada para lograr una utopía compartida y se crea y comparte ilusión.”
Ilusión. ¿Espejismo? ¿Fantasmagoría? Muy científico, sin duda. En esta fase romántica, la comunidad recoge las aportaciones de todos los colectivos para edificar la escuela soñada:
“El sueño: Todos los agentes sociales del centro (familiares, profesorado, alumnado, personal no docente, asociaciones, entidades…) sueñan aquella escuela ideal bajo el lema: «que el aprendizaje que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance de todas las niñas y niños”.[3]
Insisto en que la exhibición de rigor científico no deja de ser paradójica si tenemos en cuenta lo que sobre la ciencia opinan los portavoces teóricos de Proyecto Atlántida, otra asociación dedicada a promover las teorías comunitarias:
“[…] la escuela, el sistema educativo, tienen que abandonar posiciones ilustradas que la han llevado a instalarse en una finalidad exclusiva y acríticamente socializadora; básicamente transmisora de conocimientos validados por la ciencia y útiles para la ciencia[4].”
La razón, pues, no está de moda y debe ser desalojada del edificio igualitario. Nos figuramos que las universidades e instituciones que sancionan la validez indiscutible de estas teorías pedagógicas creen en la ciencia; o, al menos, contemplan el principio de falsabilidad como un criterio necesario para no incurrir en el dogma.
Antes de comenzar a soñar, explican los autores, es preciso que todos pasen por una fase de “sensibilización”. Se trata, lisa y llanamente, de adoctrinar al grupo, aunque se prefiera emplear para ello un eufemismo muy caro a los políticos, que suelen referirse a sensibilidades cuando eluden hablar de ideologías. Forjar sensibilidades implica seguir unos cursos de formación dirigidos a toda la comunidad: profesores, padres, alumnos, personal no docente, voluntarios y asociaciones. Intuimos que en estos cursos sí se hace perentoria la figura del experto debidamente remunerado, tan denostada cuando se trata de materias distintas de la pedagógica. Es revelador que las dos “temáticas” que se proponen como objeto de estudio sean la “sociedad de la información” y las “desigualdades educativas”. Del análisis de la primera se deduce el papel central que las TIC deben tener en el sistema de enseñanza. De la segunda, que para paliar tales desigualdades hay que reducir la “brecha digital” que impide a ciertos sectores la posibilidad de seleccionar y procesar información. Ambas ideas se entrelazan para concluir que la solución a la segunda se halla en el conocimiento pormenorizado de la primera. Que esto sea científico es otro cantar. Y que de ello se derive un “aprendizaje de máximos para todas y todos” es, sencillamente, falso. Manejar ordenadores no garantiza nada, como vimos. Y en el mercado laboral no se demandan sólo competencias digitales, sino también aquéllas que son el resultado de una instrucción eficaz.
Por supuesto, las ambiciones de las comunidades de aprendizaje van más allá de esta supercherería instructora. El verdadero objetivo es “transformar la realidad que rodea al centro educativo”. Esto pasa por que todos los miembros del entorno adopten un compromiso de participación. Para que se entienda: la revolución consiste en que las aulas se pueblen de adultos sin ninguna acreditación profesional, con el fin de que sean éstos quienes dirijan y supervisen el estudio de los niños. Siempre, por supuesto, desde una perspectiva dialógica:
“Las comisiones de trabajo: De cada una de las prioridades acordadas por toda la comunidad se crea una comisión mixta de trabajo (compuesta por familiares, profesorado, voluntariado, alumnado, representantes de las entidades y asociaciones del barrio, etc.) que se encargará de tirar adelante con la transformación a la que hace referencia. De este modo se da una gran delegación de responsabilidades que ayuda a dinamizar todo el proceso, colaborando en la gestión democrática de los centros y potenciando, que no sustituyendo, la participación conjunta de toda la comunidad.”[5]
Tirar adelante. Así se las gastan los muy científicos promotores de la ingeniería social. Lo que no se aclara es qué ocurre cuando alguna de las partes decide, de modo unilateral, romper con dicho compromiso. Es decir, si para que esta utópica estructura funcione es forzoso que se involucren familias y voluntarios, ¿qué ocurre cuando aquéllas se inhiben y éstos no abundan? ¿Cómo reacciona el sistema ante tales contratiempos? ¿De qué modo se palian los efectos negativos que pueda provocar una temporal omisión de estos agentes en el proceso de aprendizaje? Ítem más, ¿qué examen científico avala el supuesto de que los niños modificarán su disposición hacia el estudio por el simple hecho de suscribir un pacto? La posibilidad de que, aun a pesar de ello, se muestren contrarios a abrir un libro, ¿es también una proposición discutible o negociable? ¿Hay alguien en dicha corporación de afines legitimado para hacer uso de la autoridad cuando la situación así lo aconseje? La pretensión de, pongamos, transformar el barrio en que se enclava, ¿es competencia de una institución escolar? Tan nobles ideales, ¿no postergan lo que debería ser función primordial de la escuela, como es transformar a sus clientes en mejores y más capaces personas?
[1] Jürgen Habermas, La ética del discurso y la cuestión de la verdad, Paidós, Barcelona, 2003.
[2] Ramón Flecha y Rosa Larena, Comunidades de aprendizaje, Fundación ECOEM, Sevilla, 2008.
[3]www.utopiadream.info. Red de Comunidades de Aprendizaje. Debemos suponer, en virtud de tan loables principios, que dichos voluntarios sociales no serán objeto de un humillante y elitista control de calidad.
Quizá el profesor Flecha tenga respuestas a todas estas preguntas. Desde luego, sí las tiene para las que se le plantean en ciertos coloquios. Aunque la cita es larga, merece la pena:
“El señor RAMOS CÁCERES: Quería pedir a don Ramón Flecha que explicara someramente, si es posible, las estrategias del aprendizaje dialógico o alguna estrategia en concreto.
El señor FLECHA GARCÍA (Experto en Formación Comunitaria. CREA. Barcelona): […] Una de las cosas que ocurre con los grupos por nivel es que se insultan y se descalifican, no sólo en el patio, sino incluso en el aula -estoy hablando de aulas en las que incluso se pegan patadas al profesor-. Con el grupo interactivo, que es un grupo heterogéneo, en el que hay un coordinador o coordinadora, a su vez coordinado por el profesor de aula, se fomentan las interacciones. El aprendizaje dialógico y las teorías sociales actuales dicen que el aprendizaje depende de las interacciones muchísimo más que de los conocimientos y conceptos previos, que incluso son facilísimos de cambiar con interacciones. Este coordinador no es un maestro en pequeño, que cuando un niño o una niña no sabe algo, se lo explica, sino que si hay otra niña del grupo que lo sabe, le pide que se lo explique. De esta forma, donde había habido insultos entre gente de diferentes niveles, se crea una solidaridad desde la base. Eso nos sirve para crear luego solidaridad entre las familias. El nombre de éxito para todos significa que cada niño se preocupa del éxito de todos los de su clase y de todos los de su escuela, y cada familia se preocupa no de que su niño tenga mejores notas que otro, sino del éxito de toda la gran familia, que es la comunidad educativa.”[1]
Más que científico: cartesiano. Como se ve, las familias que desconocen el Shangri-la cooperativo suelen preocuparse, no porque su hijo saque buenas notas, sino porque sean mejores que las del resto. Se da así una idea, tendenciosa, de que en otros modelos de enseñanza lo que prima es la competitividad feroz. Sorprende, asimismo, el que se explique la profusión de infamias y agresiones por el hecho de que algunos alumnos sean más brillantes o trabajadores que otros. Por no mencionar la desfachatez de elevar una anécdota a la condición de categoría, cuando habla de las coceaduras que los estudiantes propinan a sus profesores en aquellas clases no bendecidas por la inclusión dialógica y la diversa igualdad. Cómo no, en la comuna reina la bonhomía rousseauniana, y los niños se convierten en desinteresados benefactores del prójimo. Resulta que el éxito para todos radica en la buena voluntad de los muchachos, no en que un adulto capacitado para tal fin se preocupe de impartir su magisterio a los alumnos. Es lógico que así sea, si el aprendizaje depende más de las interacciones que de los conocimientos, los cuales, por lo visto, se mercadean entre los estudiantes como archivos de mp4. De qué venero mana esa fuente de ideas es materia mística. Tampoco se esclarece el modo en que el pequeño coordinador de aula progresa, cuando su función dominante es la de preservar la equidad del grupo. Poco debe esperar del profesional supuestamente encargado de su instrucción, puesto que éste delega buena parte de sus funciones en otros miembros del koljós académico. En todo caso, siempre puede confiar en que el conserje del instituto o la farmacéutica del barrio lo guíen, con mano maestra, por las espesas trochas del aprendizaje.
Es de admirar cómo, siempre que se habla de fomentar la igualdad se maldice a los demonios del neoliberalismo. La palabra misma actúa como una enzima que catalizase la reacción indignada de los invitados al conjuro:
“No es preciso reflexionar excesivamente para constatar que nos movemos en unas coordenadas existenciales francamente preocupantes. La revolución tecnológica y los cambios acelerados que provoca, la irrupción de la sociedad de la información, la globalización, el neoliberalismo galopante, la dualización social, la especulación financiera, etc., conforman un marco en cuyo lienzo destacan las pinceladas de la “crisis”. Crisis de valores, crisis de identidad, crisis generacional, crisis en la educación, crisis económica, etc. Y como ocurre en estas ocasiones, la sociedad vuelve su mirada a la educación como el ungüento mágico con el que sanar tanto disloque.”[2]
Quizá habría que hacer el esfuerzo de reflexionar un poco más. Primero: es un lugar común absolutamente impugnable considerar que la sociedad en que “nos movemos” se rige por las pautas de un libre mercado irrestricto. Cualquier investigador conoce bien el papel crucial, y a menudo errado, que los gobiernos y los bancos centrales juegan en el desarrollo económico. Baste citar como ejemplo las trabas aduaneras con que los países ricos reprimen las exportaciones procedentes del Tercer Mundo. O, a escala menor, el intervencionismo estatal en precios y horarios comerciales. Si la supresión de aranceles es síntoma de algún virus galopante, habría que dar vivas y plácemes a la enfermedad, pues significaría un alivio para las cerradas sociedades del África negra. Segundo: la revolución tecnológica, lejos de ser un indicio preocupante, es sinónimo de apertura para muchos de esos países que han sufrido el expolio de sus jerarcas y las consecuencias de aplicar políticas marxistas durante más de tres décadas. Tercero: la globalización efectiva sería aquélla en la que se conjugaran las dos premisas citadas, a saber: libre comercio y desarrollo tecnológico. Por lo que no debería provocar tanta zozobra aquello que precisamente garantiza el bienestar de mayores masas de población.
La defensa de las comunidades, en realidad, no se funda exclusivamente en unos presuntos beneficios pedagógicos. Como queda dicho, su objetivo es transformar la realidad, y, para ello, no basta con las ideas, sino que se hace necesario recurrir a la ideología. En casi todos los manifiestos afines a la escuela comunitaria, se denuncia el poder hegemónico de un sistema liberal que es causa última de iniquidades y desafueros. Aceptado este principio, la educación, como asegura el profesor Michael W. Apple, es siempre “política”[3]. No seré yo quien discuta este punto, al menos hasta que el Estado deje de atribuirse el monopolio de la enseñanza. Así las cosas, no se entiende la dura condena que este profesor norteamericano hace de los modelos liberales, contrarios a que el poder coercitivo del gobierno restrinja las libertades civiles. Según Apple, los partidarios del capitalismo se inscriben en un “bloque” supremacista que comparten con los neoconservadores, los populistas autoritarios[4]y una cuarta especie, innominada, cuyo particular estigma se manifiesta en la importancia que conceden al “examen, la medición y la responsabilidad”[5]. Todos ellos, sostiene, son “enemigos de la democracia”. Y, a su juicio, estos grupos de poder controlan la enseñanza enarbolando la divisa de una “modernización conservadora”. Aun cuando tal cosa fuera cierta, parece que lo que disgusta a Apple no es la politización educativa, sino que las ideas políticas supuestamente divulgadas en colegios e institutos no coincidan con las suyas[6]. Si de verdad creyese en la democracia y en el poder de la crítica, tendría algo que decir acerca de que sean las administraciones quienes deciden lo que es mejor para los ciudadanos.
Que aquí se pongan en duda los planteamientos de las Comunidades de Aprendizaje no equivale a censurar sus prácticas y experimentos pedagógicos. En una sociedad libre, deberíamos poder elegir aquellos centros que considerásemos más adecuados para la formación de nuestros hijos. El problema es que los teóricos de la comuna no aspiran a que esa libertad se haga efectiva, sino a constituirse en el modelo oficial de enseñanza que supere o reemplace los estatutos loesianos. Y, cada vez más, las administraciones animan a que así sea. Por medio de los llamados Proyectos de Innovación Educativa, los gobiernos autonómicos dotan económicamente a determinadas escuelas para que se implanten en sus aulas los métodos de una Comunidad de Aprendizaje. A la par, cada vez es más evidente que quien no se acoge a esta clase de experimentos es oficiosamente repudiado por la mostrenca burocracia de las Consejerías…
[4] Si con ese título se les ha venido a la cabeza la imagen de un caudillo chaviano o castrista, yerran. En este grupo, Apple sólo considera antidemócratas a los “conservadores religiosos”.
[5] Conceptos también repudiados por las autoridades educativas españolas.
[6] El profesor Apple podría haber aprovechado este artículo, publicado en una web patrocinada por el anterior ejecutivo vasco, para alertar de la amenaza que para la democracia comportan los planes educativos de normalización lingüística.
IV
“Hasta ahora las reformas educativas se han orientado hacia la intervención curricular por parte del profesorado, sin tener en cuenta a los y las participantes, a las familias y a las comunidades —entendidas éstas como entornos eco-sociales próximos— para participar en el proceso.”[1]
Participantes que participan, entornos eco-sociales, loslas y laslos. La música suena bien, hímnica y solidaria. Sólo disuena ese perverso demiurgo que se empeña en transmitir conocimientos sin tener en consideración las objeciones que los niños de primaria o el tendero de la esquina puedan plantear a la sospechosa vigencia del Teorema de Pitágoras. Hablamos, claro, del profesor. Actante que representa los viejos y denostados valores tradicionales, asociados aquí con una concepción positivista de la enseñanza. Ya les aviso que la lectura de los siguientes fragmentos, escritos en un insufrible lenguaje coeducativo, puede perjudicar gravemente la salud:
“Desde el positivismo, la importancia de los contenidos es independiente de los y las estudiantes. Desde esta perspectiva el profesorado debe poseer conocimientos sobre los contenidos que imparte y las habilidades metodológicas para enseñarlos (de aquí el dicho: sabe pero no sabe enseñar).”
Extraviada perspectiva, por lo que parece, aquélla que obliga a los profesores a dominar la ciencia que imparten. No se comprende la oportunidad del proverbio, cuando en la frase antepuesta el autor concede que semejantes fósiles también indagan las metodologías idóneas para enseñar su asignatura.
“Esta concepción (la positivista) es la que denuncia Paulo Freire al exponer su concepto de “educación bancaria”, es decir, la visión del o de la alumna como seres con mentes virginales en las que una persona con conocimiento, el o la profesora, ha de depositarlo. Encontrándonos, por otra parte, que ese saber a transmitir se parcializa a través de la asignaturización y de la especialización del profesorado, dejando en manos del alumnado la parte más compleja del conocimiento, cual es la de su construcción y reconstrucción por la vía de la síntesis.”
Este engendro, aunque parezca increíble, está escrito por individuos a los que se les supone una formación universitaria. Concepciones conceptuosas y más lolailos. Sintaxis descoyuntada. Elegantes neologismos. Todo el texto es una apoteosis del anacoluto y el desaliño prosódico. Hemos de suponer que tales hábitos de escritura no hacen sino respaldar el argumento de que los contenidos (como la Gramática, sin ir más lejos) son baratijas intelectuales que deben ser superadas con un dialógico esfuerzo de síntesis. Por cierto, el concepto bancario de Freire es acaso tan viejo como la pizarra y la tiza. Y esas técnicas basadas en el mito de la tabula rasa no constituyen el enemigo que los comunitarios pretenden, pues nadie que desconozca por completo los avances de la psicología cognitiva sostiene aún que el cerebro sea un simple recipiente en el que depositar ideas.
Los heraldos de la comuna también consideran rebasado el constructivismo, al que acusan de adaptar el currículo al contexto (presumimos que eco-social) del alumno, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Con lo que sí comulgan es con el relativismo extremo:
“Desde el constructivismo, lo que es más importante no es la formación del profesorado […] sino el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes. Desde esta posición, cada estudiante construye un significadodiferente. […] Desde este enfoque, la formación del profesorado se orienta hacia el conocimiento de los procesos de aprendizaje de las personas y de los procesos de construcción del conocimiento, siendo priorizados los aspectos psicológicos relacionados con la cognición. Una de sus consecuencias es la reducción del proceso de construcción de significado al nivel individual.”
Esto quiere decir que la posición privilegiada del profesor era exactamente eso: una suerte de fuero medieval que debía ser abolido. Lo importante no es que un maestro sepa mucho o poco de su asignatura, sino que averigüe de qué esotérico modo se construyen los significados[2]. Tampoco puede ignorar el hecho de que cada construcción individual es tan válida como cualquier otra, lo que convierte la evaluación, como veremos, en un trámite innecesario.
“Desde esta perspectiva, el profesorado debe ser capaz de analizar las diferentes estrategias de aprendizaje conjuntamente con los conceptos que ya conocen los y las estudiantes y que los y las ayudarán a aprender más.”
Dejando al margen que lo arriba declarado no es español, se infiere que las funciones del profesor constructivo se limitan a investigar cómo aprende el alumno. Enseñarle algo más allá de lo que ya conoce significa cometer un pecado mortal de inmodestia. Lo que es seguro es que el redactor de este palimpsesto no va a invertir sus horas en estudiar las reglas de la concordancia o en pulir esa redacción anafórica desde ya.
El profesor del siglo XXI ha de ser, por supuesto, el comunicativo:
“La concepción comunicativa incluye y supera la concepción constructivista, haciendo una importante precisión: el proceso de formación de los significados no sólo depende de los y las profesionales de la educación, sino también de todas las personas y contextos relacionados con todos los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes.”
Así, la pedagogía comunitaria podría catalogarse como un postconstructivismo, o un constructivismo social que sueña el fin de las desigualdades a fuerza de igualar lo desparejo. La mayor diferencia con el constructivismo clásico reside en que los alumnos “construirán los significados” al calor de “todas las personas y contextos” que forman parte de sus vidas. Acertadamente, se condenan las compensaciones a la baja del pedagogismo logsiano, pero sólo para proponer un escenario aún más delirante. Nada hay que compensar, sostienen, puesto que cada miembro del colectivo es depositario de una inteligencia cultural distintiva. Privilegiar una cultura determinada a expensas de cualquier otra supondría un atavismo etnocéntrico que condenaría toda posibilidad de diálogo. Puesto que “la aportación que hace cada uno es diferente al resto”, lo esencial son las formalidades democráticas, muy por encima de que los argumentos debatidos en el foro estén justificados. La sociedad entra por aluvión en la escuela, y, a su vez, la escuela se plantea el reto de transformar la sociedad. Lo malo de tan nobles intenciones es que por el camino se quedan quienes deberían ser los principales beneficiarios de toda institución docente: los alumnos. En consonancia con los principios que la sustentan, la pedagogía comunicativa apuesta por una evaluación de “proceso”:
“La evaluación, en cuanto al proceso de aprendizaje dialógico, se centrará en la totalidad del mismo, teniendo en cuenta todos y cada uno de los aspectos que condicionan, facilitan o entorpecen este tipo de aprendizaje. Será, pues, una evaluación de proceso. La metodología a utilizar sería importante en este caso, puesto que no sería posible separarla de la evaluación misma; siendo, en consecuencia, de tipo dialógico y comunicativo.”
Lo que es lo mismo que prescindir de unos medidores objetivos que certifiquen la calidad de la enseñanza. De este modo, la antigua misión de impartir conocimientos se convierte en una tarea autorreferencial o metapedagógica, en la que se descubre más importante evaluar los procedimientos didácticos que a los propios alumnos. Sociólogos y psicopedas campan por sus respetos, mientras los profesores quedan relegados a funciones subsidiarias.
En realidad, la igualación por arriba no es tal. Si los comunitarios son fieles a su propio discurso, la igualdad existe desde el mismo instante en que el niño pisa la escuela. No se trata de una mera igualdad de derechos, sino de un factor común a todos los individuos, como es la posesión de una personalidad distintiva. La propia índole de cada alumno se presenta como el hecho diferencial que todos comparten. Lo que resulta muy discutible es que la manera de ser constituya un mérito objetivo. O que la naturaleza de cada cual se conciba como una pieza acabada que es necesario preservar frente a posibles y malintencionados agentes externos. Como el profesor representa el mayor de estos peligros, y, puesto que los saberes están bajo sospecha por reducirse a la selección interesada de una elite, es preferible que enseñantes y enseñanzas se pongan en cuarentena hasta que se convenga la oportunidad de eliminarlos. Con todo, lo que vale para los contenidos académicos no se extiende a la transmisión de ciertos valores prioritarios que se toman como axiomas, y entre los que figura una condena más o menos explícita de las sociedades capitalistas. Con estos mimbres, resulta difícil creer que todos los alumnos puedan alcanzar resultados excelentes[3]. El “éxito para todos y todas” podría no referirse a la formación de cada alumno particular, sino a la forja de una difusa conciencia colectiva. Como la evaluación es “dialógica”, los resultados deberán consensuarse con el resto de la comunidad, incluidos los alumnos. Y, puesto que es “de proceso”, los mismos resultados son irrelevantes, puesto que lo que se valora no es el producto final, sino el conjunto de actividades conducentes a tal fin. Quiere esto decir que en las calificaciones tendrán un peso semejante los criterios de un Doctor en Física y los de un jovezno que no ha oído hablar de Newton. En cualquier caso, en ese diálogo entre el profesor y su pequeño emilio no se estará debatiendo el alcance de los saberes conquistados, sino la implicación del chico en la tarea colectiva de cambiar el mundo.
Así que los padres pueden dormir tranquilos: aunque su retoño no sepa sumar fracciones, al menos les quedará el consuelo de haber alumbrado a un futuro valedor de la justicia.
[2] Los profesores de Lengua no deben emplear demasiado tiempo en investigar nuevos modelos de análisis sintáctico, ni los de Matemáticas insistir en el cálculo de derivadas. El biólogo habrá de abstenerse de genomas mitocondriales, lo mismo que el filósofo renunciar a la mucilaginosa plasta del imperativo categórico kantiano. Sus lecturas las acordarán con solícitos psicólogos de cámara; pues todo será, ya, psicología.
[3] Así, el Procrusto de máximos es, a la hora de la verdad, un Procrusto de mínimos. O, de un modo más rebuscado, un simple espectador que constata la consustancial igualdad que anida en la diversidad humana. Así pues, no hay nada que igualar, pues el trabajo está hecho. El bien y el mal son indistinguibles. No hay personas más brillantes, ni más trabajadoras, ni más sensatas que otras. Simplemente, desarrollan su propia inteligencia cultural distintiva en un plano de igualdad. Sé tú mismo, es la lección a que podría reducirse esta filosofía de la enseñanza. Según esta interpretación, las Comunidades no tendrían nada de Procrusto. El mundo en su totalidad sería Procrusto.
Hoy, Aguirre será noticia por su comentario a la hipótesis de que una pesada y hostil trompetería acompañe los sones del Himno en la final del Campeonato de España. Las charlitas de altramuces y botellines, los desahogados foros digitales y los debates televisivos (donde a menudo parece que también despachen birra) harán cumplida glosa del último esperancismo. Desde esta bitácora no queremos alimentar la querella, pero baste recordar la feliz provocación de un buen amigo – barcelonés, para más señas – de la insigne chulapa: “No hay nada más español que un catalán.”
El ruido y la furia de las dossespañas no permitirán un minuto para el análisis de otras frases pronunciadas por la Presidenta, referidas al horario y las sustituciones en los centros educativos. Pero aquí estamos nosotros para transcribirlas:
20 horas son las lectivas, pero las otras 37 (sic), hasta 37, que son 17 y media (sic), tendrían que estar en el centro. ¿Qué van a estar, leyendo una revista? No, no… Hay un profesor que está de baja, tendrán que dar su clase… Eso es lo que ocurre en la concertada y eso es lo que ocurre, en general, en las empresas.
Mire, Doña Esperanza: para portar con chulería castiza la bandera del mérito conviene empezar por uno mismo. Sin ir más lejos, por leerse las leyes vigentes en su propia Comunidad. Si usted misma desconoce en qué consiste la jornada de sus empleados, ¿cómo va a promover su eficiencia? Ningún profesor está 37 horas y media en el centro. Ninguno. Ni en España ni en ninguna otra parte del planeta. Y mucho menos dando clase de cualquier asignatura que se le antoje, como si fuera un ser omnisciente o un Google bípedo dotado de discernimiento. La posibilidad de que a un profesor de Latín se le exija impartir una clase de Matemáticas dice muy poco en favor de una enseñanza supuestamente orientada a la excelencia, como es la que usted asegura defender. Y es que el oficio de enseñar no consiste en apretar tuercas o recoger melones. Tal vez no sea usted consciente, pero con afirmaciones semejantes no hace otra cosa que autorizar el mismo modelo pedagógico del que se declara enemiga. Sí, Sra. Aguirre: el de la malhadada LOGSE. Por cierto, permítame una duda razonable: llámeme loco, pero no estoy seguro de que en una empresa todos los roles sean, como usted sugiere, intercambiables. Me cuesta imaginar que, en un hospital privado, un nefrólogo deba operar a corazón abierto porque el cirujano tiene gripe. O que al contable de Facebook lo ponga Zuckerberg a desarrollar el Sinapsis Media Player.
No voy a explicarle cómo se distribuye el horario de un docente, por dos razones: porque ya lo hice una vez y porque estoy fuera de mi horario lectivo. Si le pica la curiosidad, estudie.
Otra cosa le diré, Presidenta; y, para ello, me voy a poner, con su permiso, más castigador que el mismísimo Pichi: Yo no leo revistas. Leo a Karl Popper, a Revel, a Isaiah Berlin, a Hayek, a Oakeshott, a Nozick. Salvando las galácticas distancias, ¿sabe lo que tienen en común conmigo? Que todos fueron profesores. Piense en lo que usted comparte con ellos, y, si reúne el suficiente valor, decídase a aplicarlo.
Pero no me haga demagogia, Doña Esperanza, que se pone usted muy fea.
Xavier Pericay ha escrito una Tercera de ABC que merece un escolio, aunque sólo sea por su incorrección política y la temeraria actitud de quien llama a las cosas por su nombre. Se le podrán reprochar ciertos maximalismos, es cierto, pero ello no es achacable tanto a la calidad de sus argumentaciones como a la necesaria brevedad que es inherente a todo artículo periodístico.
Tres son las ideas principales que trata Pericay:
1. La responsabilidad de los sindicatos docentes en el fracaso educativo desde la implantación de la LOGSE.
2. El preocupante estado de la enseñanza Primaria.
3. La aquiescencia de los padres ante la consolidación de una escuela felizmente ignorante.
Los sindicatos de la enseñanza han considerado siempre la educación como algo propio, lo mismo en relación con el mantenimiento e incremento de puestos de trabajo que en lo tocante a los criterios pedagógicos imperantes. En este sentido, la aprobación en 1990 de la LOGSE puede estimarse, sin duda alguna, como su gran victoria. En lo sucesivo, los puestos de trabajo no han hecho sino crecer en general, con el acceso apañado de interinos a la condición de funcionarios, mientras que los valores tradicionales de la enseñanza el esfuerzo, el conocimiento, la excelencia no han cesado de declinar.
Pericay no dice nada que no hayan dicho otros – y él mismo – desde hace muchos años. La peste igualitaria (Albiac), la derrota del pensamiento (Finkielkraut) y, en fin, la conversión de la escuela en una inmensa guardería donde las nociones de autoridad y mérito se han jibarizado a la medida de sus jóvenes clientes: nada de esto es noticia.
La noticia, hoy, es que mañana está prevista una huelga estatal en defensa de la enseñanza pública. Promovida, entre otros, por quienes más han contribuido a su destrucción. No habría nada que objetar si los convocantes incluyeran en el manifiesto una retractación sincera de sus tropelías. Pero no lo han hecho. Leyendo sus alegatos, uno comprende que nada puede haber de veraz en sus exigencias, que todo es la misma impostura gatopardiana, consistente en “que todo cambie para que todo siga igual”. Da la impresión de que la LOGSE nunca existió, y de que las escuelas españolas son un reducto angélico, mezcla de Stanford y Euro Disney.
A pesar de su baja representatividad, los profesores han confiado en los sindicatos como quien se deja llevar por una vieja inercia mecanicista. Las pocas veces que las protestas obedecieron a demandas pedagógicas, nada se movía en los venerables claustros más allá de un puñado de irreductibles a los que era fácil tachar de locos. Ocurría entonces que las grandes momias sindicalistas no habían salido de sus tumbas para hacer una pancarta con el sudario y las vendas de lino. No pasaba nada.
Ante este panorama, si algo sobra es una huelga de enseñantes. Cuando uno forma parte de un colectivo que arroja semejante balance, por más que la responsabilidad del desastre quepa imputarla también al resto de la llamada comunidad educativa y, muy principalmente, a quienes han legislado en la materia, lo que se impone, aunque sólo sea por una cuestión de decencia, es la reflexión. Y, como consecuencia de ella, la oportuna rectificación.
La tragedia para muchos profesores es que quienes dicen defenderlos son en realidad aquellos de los que más les valdría guardarse. No cabe duda de que habrá muchos que se sientan cómodos con un sistema cuyo igualitarismo a la baja no es exclusivo de los alumnos, sino que afecta, asimismo, a los enseñantes. Más allá del éxito que tenga la convocatoria, algo habrá fallado si entre las consignas que se griten no está la de cambiar un modelo pedagógico que es causa, entre otras cosas, de las cada vez más precarias condiciones laborales que padecemos.
De forma oportuna, Pericay plantea el caso de la maestra despedida por excederse en el cumplimiento de su labor pedagógica, esto es, por tener la impudicia de enseñar más de lo debido. Ahí se condensa toda la filosofía LOGSE: la que concibe la escuela como un lecho de Procrusto. Poniendo el énfasis en la etapa Primaria, Pericay no hace otra cosa que ratificar el valor de una enseñanza que tenga como principio básico el “amor por el conocimiento”.
Y es que es en esa edad primaria, en esa parcela reservada de punta a cabo al maestro, donde se juega en verdad la partida. Es en ese periodo donde hay que sacar lo máximo de cada alumno, donde hay que inculcarle el amor al conocimiento, donde hay que empezar a poner las bases de ese ciudadano en ciernes.
He escuchado a muchos maestros quejarse de la legislación vigente, de ciertos métodos que se aplican sin haber constatado la bondad de sus frutos, de las presiones recibidas por jefes y padres. Es hora de hacer oír esas quejas en otros foros, pero no para preservar la misma fruta podrida que ahora mordisqueamos con desgana, sino para exigir de quienes nos gobiernan, y de nosotros mismos, una reflexión más profunda.
Más allá de coyunturas económicas, la última rebaja salarial a los funcionarios andaluces es un nuevo síntoma de dos enfermedades que aquejan a la sociedad española: la proscripción del mérito y el auge del clientelismo. La excusa oficial es que, con la tala, se preservan el empleo público y la calidad de los servicios sociales. Sin embargo, una buena parte de esa ocupación responde al principio de la designación digital, esto es, al ejercicio inflexible del puro dedo. Y mencionar la calidad en servicios como el educativo es como decir que Operación Triunfo contribuye a la indagación de nuevos lenguajes artísticos.
Esperar otra cosa era un alarde de candor. La Junta de Andalucía es lo que es: una Organización al servicio de las familias. Propias, claro está. Un lugar fresquito donde hibernan empresarios ineficaces y burócratas nepotes. El gobierno andaluz no ha hecho nada que no hiciera un buen padrino calabrés: cuidar de los suyos. Así, resulta perfectamente lógico que días antes del 25-M regaran con generosas subvenciones a sindicatos, patronal y oenegés afines. Tan generosas que la cuantía de la dádiva equivale a la anunciada mengua de los sueldos públicos.
Los funcionarios de carrera no pertenecen a la familia, ni siquiera los que sienten una filiación sentimental por la doctrina imperante. Los funcionarios son un cuerpo independiente, que se debe al ciudadano antes que al partido en el gobierno. Civil servants los llaman, de modo ilustrativo, en las Islas Británicas. Aquí, por lo que se ve, conviene mantenerlos a raya, y emplear con ellos el simpático y pendular juego del palo y la zanahoria.
La Junta ha preferido mantener todas y cada una de las mamandurrias que se hacinan en el gigantesco aparato de la taifa andalusí. Todas. En un escenario semejante, en este paisaje moral, ¿quién puede esperar que se valoren el mérito, la competencia y el esfuerzo? Tanto es así que la figura del profesor, por ceñirnos a nuestro gremio, se ha convertido en una estantigua, un anacronismo andante. Donde antes se solía reconocer a un hombre de estudios, depositario de una herencia que merecía ser compartida, ahora sólo se identifica al funcionario de medio pelo, vividor y tarambana.
El funcionario-profesor, afirman, es un privilegiado; aunque temo que los acusadores no tengan conciencia exacta de lo que dicen. Como siempre, la etimología nos sacará de dudas. Privilegio significa, literalmente, «ley o medida privada, excepcional». Como hay millones de funcionarios en España, parece fácil colegir que no hay nada de excepcional en ello, excepto el monstruoso número al que nos han conducido las duplicidades de las diecisiete facciones en liza. Los sinónimos de privilegio son «prebenda» o «prerrogativa», es decir: ventaja o beneficio que se concede arbitrariamente a una persona. Sin embargo, las oposiciones al cuerpo de funcionarios deben responder a los principios de mérito, transparencia y objetividad. Todo lo contrario, pues, de las designaciones consanguineas que tanto abundan en las empresas públicas. Cosa distinta es que la estupidez reinante haya consentido el crecimiento indiscriminado de funcionarios, cuyo costo para el contribuyente es más gravoso que los beneficios que reportan. Pero esto es sólo el reflejo de una sociedad caduca, que gustaba de conducir Audis en los tiempos de vacas gordas y se permite, entre otros lujos, ignorar el verdadero significado de las palabras.
Los profesores, por nuestra parte, somos responsables pasivos del retrato que se nos dibuja. Hace veinte años, por creer en falsas utopías y atender las consignas de unos, así llamados, expertos que no eran sino burócratas faltos de experiencias reales. A lo largo de ese tiempo, por consentir las sucesivas degradaciones a las que se sometía el complejo oficio de enseñar. Hoy, por el silencio, la pasividad e inacción de aquellos a quienes se les supone un trato familiar con las ideas y una cierta capacidad de crítica. Todo empezó a fallar, no hay duda, cuando nos negamos el mismo mérito que exigimos a los alumnos. Cuando pensamos que las sucesivas iniquidades del sistema educativo no iban a repercutir en nuestras condiciones de trabajo.
Ahora sabemos que la postergación del mérito, el cultivo de la incuria y el facilismo, nos han llevado al punto de que nadie considere un agravio el que nos pateen las muy privilegiadas posaderas.
Mi propuesta es muy sencilla. Dejemos de hacer todo aquello que no redunde en una más alta estimación de nuestro oficio. Digamos:
1. No somos guías de viajes. Se acabaron las excursiones sin fines académicos.
2. No somos archiveros. Se acabó recoger, sellar y supervisar los libros del costosísimo, injusto y populista Plan de Gratuidad.
3. No somos informáticos. Si se estropea un portátil de la Junta, que venga un especialista y que lo arregle.
4. No somos vigilantes de letrinas. Un Doctor de Filosofía que husmea excusados ya no es nunca más un Doctor en Filosofía.
5. No somos un rebaño de ovejas. Nos negamos a hacer los cursos de formación impuestos por un Departamento carente de toda legitimidad. Cada individuo debe formarse de acuerdo a sus necesidades, y no a las de la masa lanar.
6. No somos expertos en seguridad. Los Planes de Autoprotección debe confeccionarlos un experto en edificios, del mismo modo que la Lengua la enseña un maestro de la palabra.
7. No corregimos pruebas inútiles y carentes de todo control externo. Las Pruebas de Diagnóstico que las corrija la AGAEVE.
8. No somos charlatanes de feria que pueden vender cualquier cosa a los incautos. Se acabó que el de Música imparta Plástica; y el de Cocina, Música.
9. No somos marines. Si un alumno nos agrede o amenaza, exigimos que se tomen medidas inmediatas.
10. No somos amas de llaves. Que un aula no esté abierta no debe alterar nuestro ánimo. Ya la abrirá alguien.
Con las excepciones de los apartados 2, 7 y 8, estas medidas pueden aplicarse desde mañana mismo, sin ningún grave perjuicio laboral. No suponen ninguna merma para el aprendizaje de los alumnos, contribuyen al ahorro y, por encima de cualquier otra consideración, nos ayudarán a recuperar la dignidad perdida.
Pongamos que Wert es el Diablo. No es pedir mucho a la imaginación, teniendo en cuenta los términos empleados en las redes sociales para referirse a su persona, así como las encuestas que lo sitúan como uno de los políticos menos queridos por la ciudadanía. El mismísimo demonio, pues. Pongamos que yo soy su abogado, uno de esos que tiene que taparse las narices para litigar en pro de su defendido.
Un gran sector de eso que se llama “comunidad educativa” se refiere al sociólogo como el ministro que pasará a la historia por destruir la enseñanza pública. Palabras mayores. Aceptemos, por ahora, que las medidas adoptadas por Wert son gravemente perjudiciales para el normal desarrollo del sistema educativo. ¿Le convertiría eso en promotor principal de la hecatombe? No, Señoría.
Algunos de los convocantes de las movilizaciones y huelgas previstas, sostienen, sin embargo, lo contrario. Según ellos, España goza de “un buen sistema público educativo”, contra todas las evidencias e informes, nacionales e internacionales, que lo desmienten. Asimismo, declaran no estar dispuestos a renunciar a la “herencia recibida”. Pero, ¿qué herencia es esa? ¿La que incluye un fracaso escolar elevadísimo? ¿La que alcanza un porcentaje del 30% de niños que no saben leer al concluir la Primaria? ¿La que ha recrudecido el acoso escolar y los problemas disciplinarios? ¿La que exhibe el bachillerato más corto de Europa? ¿La que consiente dispensar un título hasta con tres asignaturas suspensas? Es un legado como para estar muy orgullosos, no cabe duda.
Wert no puede ser culpable de un crimen que aún no ha cometido, a menos que los miembros de la Plataforma dispongan de instrumentos anticipatorios como los de Minority Report. El fiambre lleva muchos años en la bandeja del forense, por lo que al Ministro le restaría, como mucho, oficiar las exequias. Ya hemos hablado aquí de horas y ratios, y de cómo podrían arbitrarse reducciones en el gasto que compensaran los perjuicios de aquellos aumentos. Lo que resulta difícil de admitir, por hiperbólico, partidista y sesgado, es que los tijeretazos de Wert supongan el mayor ataque conocido a la enseñanza pública. ¿Que puede haber 36 alumnos en un aula de la ESO? Terrible, sin duda, pero no tanto por la cifra como por la ESO. ¿Que el aumento de horas conlleva la no contratación de interinos? Cierto y doloroso, sobre todo para aquellos que aprobaron las oposiciones y se vieron relegados por unos criterios de selección pensados a la medida de los eventuales “pata negra”. Muchos profesores sin plaza se beneficiaron de concursos restringidos, en los que la nota del examen no pasaba de nota a pie de página, y, entonces, no oí a (casi) nadie poner el grito en el cielo. ¿Que para completar horario habrá que dar clase de asignaturas que no son de nuestra especialidad? Como si eso fuera algo nuevo. ¿Que no se cubrirán las bajas hasta pasados diez días? Plugo a Dios (disculpe, Sr. Wert, por mencionarle la bicha) que no sobrepase tal plazo. No, la Enseñanza Pública no se va a morir en las próximas fechas, por la sencilla razón de que ya está muerta. Y ni la CEAPA (esa simpática asociación de padres progres que está contra los deberes escolares porque fomentan la desigualdad), ni CCOO ni UGT movieron un dedo hasta que les han tocado las subvenciones.
Por esa razón, no iré a la huelga del día 22: no se va de la mano de quien le procura a uno la desgracia. Seguiremos analizando, criticando lo criticable y apoyando movilizaciones que tengan como objetivo básico promover una reforma profunda del sistema. Para perder el tiempo con los conformistas, prefiero entrar en el aula y pelearme con 36 adolescentes irrationales.
Será que soy muy raro.
P.S.:
1. Este año imparto clase sólo a grupos del Primer Ciclo de la ESO. Los tres segundos tienen todos entre 32 y 33 alumnos matriculados.
2. Desde hace años doy clase en un sótano, al lado de la caldera, sin apenas ventilación. No es infrecuente ver alguna que otra cucaracha bailando La Cumparsita.
3. No pudiendo asumir las horas de 4º de ESO, se las han adjudicado a una nueva profesora cuya especialidad es… Cocina.
4. Desde que tengo uso de razón docente, me he comido guardias y más guardias en espera de que llegara el sustituto del profesor X o la maestra Y.
5. En mi centro es normal que, cada año, se registren unas 1500 sanciones disciplinarias sólo en el Primer Ciclo de la ESO.
6. Todo esto sucedió – y sucede – antes de Wert, aka El Diablo.
Resulta desconcertante seguir las apariciones del ministro Wert en los medios de comunicación. Desde su investidura, el sociólogo se ha convertido en un alegre dispensador de titulares, no sé si dosificados según un plan establecido o al albur de improvisaciones más o menos felices. Tan pronto adelanta que apenas va a modificar la LOE como sugiere que su partido madura una serie de cambios estructurales. Quizá es que, víctima de una deformación profesional, el ministro se rige por impulsos demoscópicos, y, así, cuando descubre una curva estadística de respuestas poco favorables trata de compensarla con un nuevo anuncio.
La última noticia es que el Ministerio estaría considerando la posibilidad de implantar, “en circunstancias económicas y financieras normales”, el cheque escolar. En este blog ya se propuso recorrer ese camino, por lo que celebramos que al fin un político se haya siquiera planteado la posibilidad.
Hace un tiempo leí el libro de Mauricio Rojas“Reinventar el Estado del Bienestar” (Gota a gota, 2008) en el que narra la quiebra del Estado benefactor sueco y su incipiente reforma de inspiración liberal. Uno de los capítulos está dedicado, precisamente, a la implantación del cheque.
El origen de esta iniciativa data del año 1992, en el que se establece la libertad tanto de elegir como de crear escuelas básicas no públicas financiadas por un vale educativo. Esta mudanza normativa propició la rápida proliferación de las, así llamadas, escuelas libres o independientes, hasta el punto de que en 2006 acogían a más de 135.000 alumnos. Rojas da tres razones que explicarían esta vertiginosa expansión:
1. La búsqueda de alternativas pedagógicas más acordes a las preferencias de los padres.
2. El problema disciplinario de las escuelas públicas
3. Los resultados escolares.
El primer motivo supone el fin del Estado como monopolista ideológico de la educación y, por tanto, la convivencia de diferentes modelos pedagógicos en un marco de libre competencia. Se objetará que la escuela pública es plural, frente a unos centros privados que, en virtud de su autonomía, estarían facultados para imponer un ideario específico. Pero tan discutible es que la escuela pública no incurra en el pensamiento único como que de la iniciativa privada no puedan surgir propuestas que tengan como premisa la pluralidad. Si pensamos en el caso español, a mí se me ocurren unos cuantos axiomas ideológicos (y pedagógicos) que recorren el espinazo de todo el sistema educativo socialdemócrata: igualitarismo, ideología de género, buenismo, mesocracia, paidocentrismo. Ninguno de los cuales, por cierto, puede ser puesto en entredicho sin que el crítico pase a formar parte del grupo de los réprobos y los reaccionarios. Lo cierto es que, en el caso de Suecia, el grupo mayoritario de escuelas independientes es de “orientación general”, es decir, no se diferencia de las escuelas públicas en términos de contenido educativo. Donde sí se observa mayor variedad es en la significativa proporción de escuelas que adoptan temáticas o pedagogías especiales, lo que tal vez constituya un estímulo para los amigos de la innovación. Los centros vertebrados a partir de una confesión religiosa o un grupo étnico son minoritarios.
La segunda razón está vinculada al lamentable estado de la educación pública sueca, similar en muchos aspectos a la española. Esto hace que los padres busquen alternativas en las escuelas libres. Sobre el particular, propongo una visita a la bitácora de Emilio Quintana, profesor en el Instituto Cervantes de Estocolmo.
En cuanto a los resultados, las escuelas independientes se sitúan muy por encima de las públicas, si bien éstas han experimentado una mejoría que corre en paralelo al aumento de escuelas libres. Frente a las voces que advertían de una educación “de dos velocidades”, las escuelas de gestión privada acogen un porcentaje mayor de niños procedentes de grupos sociales más vulnerables, como son los hijos de los inmigrantes.
Un punto importante, dentro del marco legal de la reforma, es que las municipalidades no pueden dar asignaciones suplementarias a sus escuelas sin, al mismo tiempo, hacer lo mismo con las escuelas independientes. Una Superintendencia de Escuelas fija la “lista de precios”, que es válida para todo el país y varía de acuerdo con los costos reales de los distintos programas ofrecidos. Como ilustración, baste consignar que el cheque para secundaria oscila entre los 7.500 y los 16.000 euros. Esta Superintendencia es la encargada de conceder los permisos para la creación de escuelas libres y, al mismo tiempo, el organismo controlador de las mismas. Los requisitos que deben cumplir dichas escuelas están recogidos en la ley escolar y no difieren mucho de los que en España debe satisfacer cualquier colegio concertado.
Otro criterio interesante, deducido del principio de gratuidad, es la prohibición de hacer cobros extra de cualquier tipo. Todo – matrícula, material pedagógico, gastos de alimentación, etc. – debe cubrirlo el vale escolar. Esta medida también rebate el argumento más querido de los detractores, como es la consolidación de dos tipos de escuela: una para ricos, y otra para el resto. Todas las escuelas, dice Rojas, están abiertas para toda clase de alumnos, con independencia de la situación económica u otros condicionantes familiares tales como la religión o el grupo étnico. Bien es cierto que, en secundaria, el único criterio de selección aceptado es el rendimiento en la educación primaria.
La pregunta que inmediatamente asalta al lector es: dadas estas premisas ¿de dónde obtienen los beneficios las empresas educacionales que fundan las escuelas libres? Rojas da una respuesta plausible:
Pues bien, el margen de ganancia está simplemente dado por la ineficiencia del sector público y esto vale para todo el pujante capitalismo del bienestar que ha surgido en Suecia durante los últimos quince años. Toda la ganancia viene de la capacidad de producir servicios más atractivos a costos inferiores que los producidos por el sector público, que es el que, a través de sus costos, determina el nivel de los vales de bienestar y, en general, de los pagos por los servicios del bienestar. […] Es este margen de ineficiencia el que ha sido el gran motor del desarrollo de las escuelas independientes.
Un síntoma de esta mala gestión lo aporta el dato de que en 2004 el costo de un educando sueco superaba en un 28% el promedio de los países de la OCDE, y en un 34% el de Finlandia, país vecino con ingresos per cápita similares a Suecia pero con resultados escolares muy superiores.
En definitiva, en el haber del cheque escolar podríamos incluir lo siguiente:
1. Promueve la diversidad de propuestas educativas.
2. Garantiza la libertad de elección.
3. Evita al contribuyente pagar dos veces por un mismo servicio.
4. Favorece la optimización de recursos.
5. En última instancia, contribuye a una mejora de los resultados, fruto de la competencia entre escuelas.
Por supuesto, habrá también importantes debes que quizá el modelo sueco nos permita ir descubriendo a medida que pasen los años. Pero no cabe duda de que los tres primeros puntos constituyen el núcleo de un sistema que tiene por principios la pluralidad, la libertad y la justicia.
Sin embargo, las bondades del cheque escolar no son garantía suficiente para que la enseñanza recupere sus contantes vitales. Volviendo a España, nada de esto tendría sentido sin un cambio en la concepción de lo que debe ser la enseñanza. Mientras persistan los axiomas señalados más arriba, los centros públicos serán paulatinamente desplazados por unas escuelas independientes legitimadas para seleccionar a sus alumnos en función del rendimiento. Por eso, antes de pensar en el cheque, el señor Wert debería considerar qué es lo que va a ofrecer al ciudadano para que su oferta sea la mayoritariamente elegida. Puesto que es la empresa que él dirige, la educación pública debe adoptar, de una vez por todas, la divisa del mérito. Y esto no se fomenta con un sistema que incluye comprensividad, microbachillerato de dos años y titulaciones con asignaturas suspensas. Para que la escuela pública pueda competir con las escuelas libres del futuro, es preciso cambiar el marco legal. Empezando por devolver a la Enseñanza Media su papel de puente hacia la Universidad, y entendiendo que la exigencia, el esfuerzo y una enseñanza humanística es la demanda de muchos padres.
Pero de esto hablaremos otro día.
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